El Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla ha acogido este martes una nueva sesión del juicio por la presunta filtración denunciada en las oposiciones promovidas por el Ayuntamiento hispalense para cubrir 103 plazas de la Policía Local, compareciendo como testigo el presidente de la junta personal del Consistorio, Luis Val.
Durante esta nueva sesión del juicio, que gira en torno a la presunta filtración de los exámenes de las dos oposiciones promovidas por el Ayuntamiento para cubrir 47 y 56 plazas de agente de Policía Local, el presidente de la junta de personal del Consistorio ha testificado a propuesta de las defensas de los acusados, exponiendo que no intervino en ninguno de aquellos procesos selectivos.
Al respecto, recordemos que la Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de algunos de los miembros de los tribunales de favorecer a "determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos "familiares o sindicales", toda vez que en este juicio hay 45 acusados entre los que figuran 37 policías locales que lograron una plaza en el cuerpo meced a dichas oposiciones, entre ellos el hijo de Manuel Bustelo, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, y quien fuese sobrino del superintendente de la Policía Local, Juan José García.
Entre los acusados figuran también personas que formaban parte de los tribunales constituidos para estas dos oposiciones, como el dirigente del Sppme Manuel Baso y el propio superintendente de la Policía Local, Juan José García.
Al respecto, Luis Val ha expuesto que es miembro del Sppme y ostenta el cargo de secretario de Actas y Certificaciones de dicho sindicato, manifestando que con Manuel Baso tiene una relación de "compañero" al ser ambos policías locales y en el caso de Manuel Bustelo, su conexión se circunscribe a "compartir mesa" en la "oficina" de la organización sindical. Al respecto, ha defendido que conoció al hijo de Bustelo, acusado en este juicio, "posteriormente" a la celebración de las oposiciones investigadas.
Del mismo modo, ha manifestado que no le "consta" que exista una amistad como tal entre Baso y Bustelo, descartando ninguna "relación jerárquica" de uno sobre otro en el plano organizativo del sindicato, bajo la premisa de que Bustelo lidera la estructura local del sindicato y Baso ostenta un puesto en la organización regional. Igualmente, ha asegurado que tampoco le "consta" que Baso conociese al hijo de Bustelo antes de las oposiciones en las que el primero formó parte del tribunal y el segundo jugaba el papel de aspirante.
Los miembros del tribunal
En cuanto al superintendente Juan José García, Luis Val ha asegurado desconocer si está afiliado o no al Sppme, confirmando que cuatro de los miembros del tribunal constituido para la oposición de las 47 plazas eran miembros del sindicato, entre ellos Manuel Baso. No obstante, ha precisado que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento descartó cualquier "causa de recusación" después de que UGT realizase una petición en ese sentido.
Luis Val ha confirmado además que desde hace "cuatro o cinco años", la afiliación al Sppme no está limitada a las personas que ejerzan como policías locales, toda vez que interrogado por la Fiscalía sobre los casos en los que opositores a las pruebas investigadas ya estaban afiliados antes de ser celebrados los exámenes, ha alegado que él no está encargado de la autorización o no de las peticiones de afiliación.
Pero merced a las preguntas de las defensas de los acusados, a instancias de las cuales comparecía como testigo, la declaración de Luis Val se ha centrado especialmente en el extinto Grupo Especial (Gepol) de la Policía Local, encargado de investigar la presunta filtración de los exámenes de estas oposiciones. En ese sentido, ha expuesto que al no figurar dicho grupo en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Policía Local ni estar "amparado" por un convenio que regulase funciones de policía judicial, los agentes de dicha unidad actuaban "en un marco alegal o ilegal".
Avisos sobre el Gepol
Al hilo, ha narrado sus diferentes advertencias y gestiones ante las autoridades locales y ante la Fiscalía, al objeto de corregir dicha situación, pues "legalmente" dentro de la Policía Local de Sevilla "no había policía judicial" y se dieron situaciones en las que estos agentes investigaron a policías o meros empleados municipales sin finalidad judicial concreta. Es más, ha señalado que el marco de la indagación de las oposiciones, estos agentes recabaron documentación del Ayuntamiento "sin mostrar orden alguna", palabras que ha atribuido a la directora de Recursos Humanos del Consistorio allá por 2014.
Así, ha indicado que advirtió al Ayuntamiento de Sevilla de que "o regularizaba" el Gepol o tendría que "quitar" dicha unidad, agregando que los agentes de dicha unidad no debían cobrar las productividades de las que gozaban porque "el grupo nunca fue creado" y tales retribuciones no estaban formalizadas, e insistiendo en la idea de que uno de estos agentes cobraba un plus por labores de escolta que ya no prestaba.
Luis Val, quien ha recordado el sobreseimiento de la denuncia por acoso laboral promovida en su contra por varios miembros del Gepol, ha reconocido además que la querella por presunta prevaricación interpuesta por la junta de personal contra el ya exalcalde hispalense y exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por mantener la Gepol, fue archivada primero por el Juzgado de Instrucción número ocho y después por la Audiencia Provincial, aunque ha defendido que la Audiencia dejaba abierta la vía de derivar el asunto al ámbito Contencioso Administrativo.
