Aunque las redes sociales han dado cuenta de que durante la Nochebuena numerosas localidades, como Sanlúcar o Algeciras, registraron aglomeraciones en establecimientos hosteleros, las imágenes de la calle de Las Cortes, en San Fernando, y Corredera, en Arcos, han saltado a las principales cadenas de televisión del país como ejemplo de conducta negligente, dado que los centenares de personas reunidas no mantenían la distancia de seguridad ni portaban mascarillas.
Tanto en un caso como en otro, la oposición ha exigido depurar responsabilidades políticas y los respectivos gobiernos locales tuvieron que reforzar los dispositivos de seguridad de cara a Nochevieja. En el caso de La Isla, el Ayuntamiento delimitó con vallas el perímetro de las terrazas de los bares, incrementó la presencia policial en la zona y su entorno y multó a quien no respetaba la normativa anti Covid. Por su parte, el alcalde de la localidad serrana, Isidoro Gambín, abrió al tráfico la vía, cerrada el día 24 con la intención de evitar justo lo contrario a lo que acabó produciéndose, y recibió ayuda por alguno de los locales, que optaron por no abrir sus puertas el último día del año. Finalmente, la jornada transcurrió con relativa normalidad, sin escenas bochornosas, en cualquier caso, pero el debate sobre cómo evitar nuevos episodios de este tipo está abierto.
En primer lugar, resulta incuestionable que la planificación municipal es muy importante. Haya existido improvisación o no en estos dos casos, la coordinación entre ayuntamientos, cuerpos y fuerzas de seguridad y hosteleros ha logrado evitar el descontrol en la segunda jornada festiva marcada en el calendario navideño.
Por otro lado, es palpable que hace falta contar con más recursos humanos. El portavoz del Sindicato de Policía Local Independiente (Spli) en San Fernando, Franciso Cebada, recuerda que en apenas cuatro años, la plantilla ha perdido una veintena de efectivos y la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2020, recién publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) solo contempla la incorporación de cinco efectivos.
Pero incluso si se atendiera la demanda de incorporaciones, “no puede haber un agente en cada esquina”, señala, por su parte, Francisco Rama, delegado de la Unión Policía Local y Bomberos de Cádiz (Uplba). “Hacemos todo lo que podemos y más pero necesitaríamos diez ejércitos para hacer cumplir con la normativa anti Covid”, reconoce, señalando la responsabilidad individual como la clave de todo.
Antonio de María, presidente de la patronal hostelera, indica, al respecto, que la mayoría de los empresarios están comprometidos y siguen a rajatabla la normativa. El problema está, explica, en que el apelotonamiento es inevitable aunque se cumpla con lo que dictan las administraciones. “La gente se para y saluda, se pone a hablar, se reúne y el dueño del establecimiento solo puede negarse a servirles pero no obligarles a que despejen la calle”, añade. La responsabilidad es del cliente.
Tampoco es conveniente llevar a cabo un desalojo a la fuerza en estas ocasiones. “Hay que actuar con mucha mano izquierda ante una multitud porque alguien puede reaccionar violentamente y las consecuencias de una acción así pueden ser peores que las concentraciones”, apunta Rama. “Lo adecuado es conversar, tratar de convencer, persuadir y mostrar empatía”, agrega, al tiempo que subraya que lo normal es que la gente colabore. Para ello, también recomienda que los servidores públicos ofrezcan ejemplaridad. En este sentido, lamenta nuevamente las fotografías que mostraban al alcalde de Cádiz, José María González, tomando algo en una terraza con miembros de su equipo de Gobierno sin, según denuncia Uplba, observar todas las instrucciones para evitar contagios. El sindicato pidió su dimisión e insiste: “Es cosa de todos”.
