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Viernes 15/11/2024
 
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Jueza guatemalteca procesa a 11 militares por desaparición de 558 indígenas

Según la acusación, los 14 militares participaron de forma "sistemática" en crímenes y matanzas que se pueden considerar "crímenes de guerra", así como en violaciones múltiples a mujeres y menores de edad durante la década de los 80

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Una jueza de Guatemala resolvió hoy procesar a 11 de los 14 militares retirados acusados de delitos de lesa humanidad por 558 desapariciones forzadas de indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La jueza Claudette Domínguez decidió que hay "falta de mérito" sobre los otros tres militares por supuestas "incongruencias" en las fechas cuando el Ministerio Público (MP-Fiscalía) realizó la acusación, aunque el ente público tiene ahora tres meses para enmendar la investigación.

Según la acusación, los 14 militares participaron de forma "sistemática" en crímenes y matanzas que se pueden considerar "crímenes de guerra", así como en violaciones múltiples a mujeres y menores de edad durante la década de los 80.

Este caso, conocido como Creompaz debido a que las osamentas fueron localizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, ha vuelto a traer a la memoria de los guatemaltecos el drama vivido durante los 36 años de guerra.

Los 11 militares procesados son el general retirado Manuel Benedicto Lucas García y los oficiales José Antonio Vásquez García, Carlos Augusto Garavito Morán, Raúl Dehesa Oliva, Gustavo Alonzo Rosales García, César Augusto Cabrera Mejía, Ismael Segura Abularach y Juan Ovalle Salazar.

Además, están vinculados al proceso Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Luis Alberto Paredes Nájera.

Los tres militares que no fueron procesados y que deben permanecer bajo arresto domiciliario son Pablo Roberto Saucedo Mérida, Carlos Humberto Rodríguez López y Edgar Rolando Hernández.

Domínguez, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo de Guatemala, dio un plazo de tres meses a la Fiscalía para que concluya la investigación y, posteriormente, decidir si se debe iniciar o no un juicio oral y público.

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