El Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica Penitenciaria (Saopj) del Colegio de Abogados de Sevilla ha reanudado esta semana la prestación de asistencia jurídica a todos los centros penitenciarios sevillanos, que contabilizan unos 3.000 internos entre Sevilla-I, la prisión de Morón de la Frontera, el centro de mujeres de Alcalá de Guadaíra, el Hospital Psiquiátrico, la Unidad de Madres y el Centro de Inserción Social.
Fuentes de la institución colegial han informado a Europa Press de que este servicio se puso en marcha en abril de 2001 y se suspendió once años después, en abril de 2012, por razones "burocráticas y económicas imputables" a las administraciones implicadas, como son la Consejería de Justicia e Interior e Instituciones Penitenciarias, organismos que ahora han suscrito un nuevo convenio tripartido con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
Este convenio ha posibilitado la reanudación del servicio tras estar suspendido durante los tres últimos años, han indicado las fuentes, que han precisado que, en la provincia de Sevilla, se prestan desde esta semana un total de nueve guardias semanales en los centros penitenciarios a cargo de los 60 letrados especializados en derecho penitenciario que constan inscritos en el servicio del Colegio de Abogados.
Las consultas se llevan a cabo en espacios especialmente habilitados en los centros penitenciarios y comprenden la asistencia jurídica general a los internos en cuantos asuntos puedan ser de su interés y también la asistencia especializada en materia penitenciaria, referente al régimen de permisos, grados y otras cuestiones que afectan a la vida de los presos en cuanto tales.
RAZONES ECONÓMICAS
El decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, ha destacado en declaraciones a Europa Press la importancia de que se reanude el servicio, el cual "lamentablemente ha permanecido suspendido durante tres años por razones fundamentalmente económicas y a pesar de la magnífica acogida que tuvo durante sus primeros once años de vigencia entre los internos y también entre los funcionarios" de Instituciones Penitenciarias.
Según ha precisado Gallardo, en el año 2011 se prestaron en Sevilla un total de 3.449 asistencias a internos con sus correspondientes consultas, lo que arroja un promedio de más de nueve asistencias diarias, un dato que evidencia a su juicio "el interés del servicio para las personas privadas de libertad en la provincia".
Además, y según ha añadido el decano, ha sido este servicio el que ha logrado que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria prohíba algunas prácticas que afectaban al derecho de comunicación de los internos con sus letrados.
