Unas 200 familias perdieron su casa en 2014 al no poder hacer frente al pago de sus hipotecas. Estas cifras se corresponden con el número de lanzamientos positivos que entraron en el servicio común de notificaciones y embargos del partido judicial de Jerez durante el año pasado para poner fecha y hora a las demandas de desahucios dictadas por los juzgados contra los propietarios por impagos de letras de viviendas. En los otros casos, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, los afectados pudieron evitar su desalojo tras llegar a acuerdos con el banco para reestructurar deudas o por otras razones, puesto que el ejercicio pasado se cerró con 502 ejecuciones hipotecarias cursadas para ordenar la venta de un bien inmueble gravado con una hipoteca por incumplimiento del deudor.
Si bien respecto al año 2013, con 228 lanzamientos, el número de desahucios se mantiene e incluso desciende ligeramente, las ejecuciones hipotecarias sí experimentan un leve crecimiento, al pasar de las 440 del año anterior, a las 502 del pasado 2014. No obstante, retrocediendo a los tres últimos años, se aprecia una ligera tendencia a la baja, puesto que en 2012 fueron más de 250 los desahucios ordenados desde el partido judicial de Jerez, frente a los 300 de 2010.
Profundizando en los datos actuales, de las estadísticas de los asuntos reales repartidos por los distintos juzgados de Primera Instancia se aprecia un volumen similar de procedimientos de ejecuciones hipotecarias (106), exceptuando el número 4 por entrar en este una menor carga de asuntos de este tipo (78) al aglutinar también el Registro Civil.
La solución para la PAH, cambiar la ley
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como vienen haciendo en los últimos años, ponen en tela de juicio los datos del juzgado, asegurando que las cifras reales son superiores. Sea como fuere, en una localidad como Jerez, que en 2013 paradójicamente fue declarada de forma unánime “Ciudad Libre de Desahucios”, los jerezanos no tendrían que seguir perdiendo su vivienda, señala el portavoz de la PAH, Lorenzo Barba, que reivindica la aprobación de una nueva ley, cansado de que las administraciones actúen “de cara a la galería”. Una actitud que hace extensible también a la decisión del Gobierno de la Nación de congelar dos años más el desahucio de familias vulnerables con un umbral de renta de 19.000 euros anuales. Lo ha hecho con la aprobación de un decreto ley de medidas urgentes encaminadas a paliar la situación desesperada de miles de familias a punto de ser desahuciadas.
Preguntado por las ocupaciones de viviendas de renta libre o de titularidad pública como la que se ha llevado a cabo en Bornos, el representante de la PAH se muestra tajante. “Entendemos la desesperación de la gente; pero hay que pensárselo mucho antes de ocupar una casa tal y como están las cosas, porque las multas son bastante altas y te puedes buscar un problema grave al imputarte un delito por estos hechos”, concluye.
El equipo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) atiende casi a diario en su sede de la calle William Shakespeare, frente hospital de Asisa, en la zona sur, de 8 a 10 personas de Jerez y toda la provincia que les piden asesoramiento al tener en peligro sus viviendas por no poder pagar su hipoteca. De Jerez, Chipiona, los pueblo de la sierra de Cádiz... el abanico de usuarios que piden cita en la PAH es variado con una lacra común: el desempleo. Además, más de un centenar de familias de Jerez se benefician actualmente del reparto que realizan del Banco de Alimentos al que también está adscrita esta plataforma.
