La ex gerente del Parque Científico Tecnológico Agroalimentario (PCTA) de Jerez, María José González Peña, ha presentado esta semana ante la Fiscalía, como avanzó el pasado viernes, un escrito de denuncia contra el Gobierno municipal por las manifestaciones realizadas sobre su etapa al frente del citado ente.
La denuncia relata los hechos que, a juicio de la denunciante, acreditan que, desde la llegada del PP al gobierno local, tenían como prioridad cesarla para poder nombrar a quien tenían decidido que ocupase el puesto de gerente del PCTA, “decisión que no era apoyada por ninguno de los partidos de la oposición”, por lo que, relata la denuncia, “incluso llegaron a cambiar la composición del Consejo de Administración, eliminando a los representantes de IU y Foro, para el PP asegurarse la mayoría”.
La denuncia prosigue relatando que, una vez cambiada la composición del Consejo, “inmediatamente” fue aprobado su cese como gerente, ya con los votos mayoritarios del PP, y se inició un proceso de selección que, a juicio de la denunciante, fue “un intento de apariencia de legalidad, ya que el nombre del que iban a designar como gerente se sabía desde hacía meses”.
En este sentido, recuerda que la ATMJ, el sindicato de la Asociación de Técnicos Municipales, adelantó el nombre de quien iba a ser elegido en un acta notarial y acertando su pronóstico, “pese a que se había presentado el considerable número de aspirantes de 284”.
El escrito de denuncia también refiere declaraciones del portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Saldaña, “en las que reconoce que el nombre del elegido se sabía desde hacía dos años”.
Asimismo, expone que el 12 de julio de 2013, se le hizo, finalmente, entrega de la carta de despido, contra el que se dictó sentencia el 12 de febrero de 2014 por parte del Juzgado de lo Social número 1 por un caso de despido con lesión de derechos fundamentales, en el que se calificó de “improcedente el despido de la gerente cesada y se condenó al parque al pago de una cuantiosa indemnización. Siendo muy ilustrativo el relato de los hechos que se declaran probados en la referida sentencia”, si bien también apunta que ha sido recurrida.
Todo ello, concluye la denuncia, “podría ser constitutivo de delitos contra la Administración pública y de tráfico de influencias”, solicitando a la Fiscalía se practiquen las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y concreción de las responsabilidades penales y civiles que correspondan.
