La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla acordaron ayer crear una comisión integrada por técnicos de ambas administraciones destinada a trabajar desde este mismo jueves en una estrategia (con soluciones “factibles”) que dirija el desalojo voluntario de las 30 familias sin recursos, que en la actualidad ocupan el edificio de viviendas de Ibercaja situado en la avenida de las Juventudes Musicales y bautizado como Corrala Utopía.
La idea es la de evitar “un desalojo a la fuerza” de estas familias, ya que existe un auto del Juzgado de Instrucción número tres, confirmado por la Audiencia Provincial de Sevilla, en el que el juez, a instancias de la entidad bancaria propietaria de las viviendas, ha ordenado el desalojo forzoso de las familias, así como como que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado “den cumplimiento a dicha orden”.
Esta comisión de trabajo fue acordada durante una reunión en el Ayuntamiento que mantuvieron ayer el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, los cuales estuvieron acompañados por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que actuó como garante de que se llegaba a un acuerdo entre las partes.
Precisamente fue Maeztu quien, al término de la reunión, comunicó a las familias de la Corrala Utopía presentes en el Ayuntamiento que los técnicos de la comisión comenzarán a trabajar este mismo jueves, aunque no especificó esas “soluciones factibles” que se pusieron sobre la mesa para orquestar el desalojo voluntario de las familias en unos días o “como mucho una semana”, que así evitarán una intervención de la Policía. Según informó Maeztu, él mismo iba a informar ayer a la Fiscalía, juez y a la Delegación de Gobierno “de que ya se trabaja en una solución”, precisamente para evitar la actuación policial, y para “dar cumplimiento al auto” en el que se pide que se salvaguarde a menores, ancianos y familias en riesgo de exclusión social.
Maeztu insistió en que la primera obligación de la Junta y el Consistorio es que se cumpla la ley y señaló que “todo se hará con carácter definitivo para evitar un efecto llamada”. Así, se estudiará el caso de cada familia de manera individual y se ha “descartado realojar a todos los ocupantes de la corrala en viviendas de titularidad pública con finalidad social”, porque ya hay otras familias con más derecho que ellos. Las soluciones pasarían por realojar a las familias en viviendas protegidas de la Junta, previo paso por VPO del Ayuntamiento, ya que algunos de los primeros pisos están aún en construcción.
Las familias preguntan a Maeztu
Algunas de las vecinas de la Corrala Utopía que se encontraban a las puertas del Ayuntamiento esperando el término de la reunión se acercaron al Defendor del Pueblo Andaluz para preguntar por las soluciones habladas. “Tenemos miedo de que la Policía se presente en cualquier momento”, señalaron.
No trasciende si en la reunión se habló de otros temas
El alcalde de Sevilla avanzó un día antes de la reunión con la consejera que la Corrala Utopía no sería el único tema que se tocaría en el encuentro. El Metro o la rehabilitación de otras viviendas de la ciudad serían otros de los puntos del día, pero finalmente no trascendió si se trataron.
