Los cuatro acusados de intentar comprar con 12.000 euros a una concejal de Camas (Sevilla) han atribuido hoy el caso al "juicio sucio" del PSOE y a una venganza contra el exalcalde Agustín Pavón (IU), pero el fiscal ha dicho que el enfrentamiento político no significa que los denunciantes mientan.
Las defensas de Agustín Pavón, exalcalde de Camas por IU, Antonio Enrique Fraile, exconcejal del PP, José del Castillo, exedil del PA, y el empresario Eusebio Gaviño han coincidido en que el soborno fue un "delito provocado" por los denunciantes, la exconcejal de IU Carmen Lobo y su compañero sentimental Francisco Javier Gordo, por "odio, venganza y resentimiento" porque Pavón había expulsado a la edil de IU del equipo de gobierno tras ser condenada.
El juicio ha comenzado con la audición de la primera de las tres cintas grabadas a los acusados, en la que Gaviño dice a Lobo que "a ti te ha tocado la lotería, te estoy dando la oportunidad de tu vida" y luego "tenemos que ir a muerte porque los dos vamos a salir beneficiados".
En su alegación al jurado, el fiscal Arcadio Martínez ha defendido la legalidad de las grabaciones hechas en las entrevistas donde presuntamente se planificó el pago y ha destacado que cualquier soborno a un funcionario es ilegal, aunque los procesados aleguen que buscaban el interés de la colectividad.
El voto en un pleno, aunque sea para una causa justa, se convierte en ilícito "por el mero hecho de haberse tomado con mediación de pago", ha dicho el fiscal, quien ha añadido que el hecho de que denunciantes y denunciados estuviesen enfrentados políticamente no significa que la denuncia sea inventada.
El abogado de Pavón, José María Calero, ha dicho que el caso Camas se debe a un "ejercicio sucio de la política" por parte del PSOE, por lo que ha pedido al jurado popular -integrado en su totalidad por mujeres- que "impidan esas artimañas".
Lobo había sido condenada por fraude procesal y expulsada de IU, por lo que junto con su compañero decidió "vengarse de Pavón por haber cortado su carrera política" y ambos "prepararon pruebas falsas, forzaron situaciones equívocas" y montaron "una representación".
El abogado de Fraile, Pedro Pérez Montero, ha dicho que el caso responde a una "oposición desleal del PSOE para arrebatar la alcaldía de Camas a los imputados" y ha afirmado que se trata de un caso "eminentemente político", como lo demuestra el hecho de que el PSOE esté personado como acusación particular "no para defender los intereses de los ciudadanos, sino de sus militantes".
José Manuel Ramos Cardona, defensor de del Castillo, ha aportado la foto de la reunión que celebraron en un restaurante de Sevilla los dos denunciantes, sus abogados y altos representantes del PSOE.
La letrada Encarnación Molino, en nombre de Gaviño, ha dicho que los denunciantes actuaron por "venganza, odio y resentimiento", y que la entrega de un sobre con 12.000 euros a Lobo, aunque sea "muy vistoso" desde el punto de vista penal, fue una "trampa".
Ha pedido al jurado que analice "qué tipo de personas son los denunciantes" para determinar su credibilidad, pues ambos habían sido condenados, Lobo había dejado de cobrar como concejal de Asuntos Sociales al ser expulsada del equipo de gobierno y, tras haber sido pareja en el pasado, ahora se han denunciado mutuamente y Gordo tiene una orden de alejamiento.
La letrada ha aportado además testimonio de una denuncia en la que Gordo acusó a Lobo de haberle exigido 120.000 euros "para prestar declaración en el caso Camas".
