El Convenio firmado el día 15 de noviembre de 2007 por el entonces alcalde y actual miembro del gobierno municipal, Manuel María de Bernardo es un ejemplo más de la mala gestión de los andalucistas y una de las principales razones que esgrime el grupo municipal de Ciudadanos por San Fernando para pedir la salida de los andalucistas del gobierno de coalición.
El citado convenio tiene escasamente cuatro hojas, de las que las cuales poco más de una se dedica al contenido obligacional al que se sujetan las partes firmantes, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, mientras que en el reparto de obligaciones, lo que se ha vendido por el Consistorio difiera notablemente del contenido del Convenio.
"Dicho contenido obligacional no es ni por casualidad el que se nos ha estado vendiendo públicamente por el Partido Andalucista desde el año 2007, porque las contraprestaciones que para la ciudad se supone tenía el tranvía no aparecen por ningún lado del convenio. Así, la Junta de Andalucía únicamente se compromete a financiar, construir y explotar la línea metropolitana", dice Ciudadanos.
Frente a ello, el Ayuntamiento se compromete a poner a disposición de la Administración autonómica los terrenos y bienes necesarios para hacer la obra; colaborar con el contratista en la reposición de los servicios afectados por las obras; sufragar cualquier tipo de licencia o tributo que haya satisfecho previamente el contratista de la obra o el concesionario del servicio y planificar su política de tráfico y transporte como consecuencia de las obras y la puesta en funcionamiento de la línea, para lo que se estipula textualmente que el Consistorio pondrá en marcha una política de “aparcamientos, dentro y fuera de la vía pública, congruente con el fomento del uso del transporte público”.
Según Ciudadanos por San Fernando, el Convenio no obliga a la Junta, ni el Ayuntamiento puede exigir que realice ninguna de las obras complementarias que se nos han vendido estos años como las “bondades” del tranvía, con las que únicamente pretendían conseguir el favor de todos los isleños, y acallar las voces de los pocos colectivos discrepantes con la decisión municipal impuesta.
Es decir, el Convenio no obliga a la Junta a realizar la conexión de la variante que viene de Cádiz con la carretera de Camposoto, por detrás del Janer. Tampoco puede el pueblo de San Fernando exigir a la Junta que urbanice completamente las calles perpendiculares a la calle Real hasta la primera intersección. Del mismo modo, nadie puede obligar a la Junta de Andalucía a que realice los aparcamientos disuasorios, como el de la Venta de Vargas.
Otro tanto ocurre con los prometidos integración de todas las plazas, el soterramiento del cableado y de los contenedores con establecimiento de la recogida neumática de residuos sólidos y una nueva estación de autobuses Y así, hasta la última promesa que han trasladado desde el Partido Andalucista como garantía de la obra del tren-tranvía.
Independientemente de lo que contenga el proyecto de la obra, el texto escrito que obliga a las partes, y permite a cada una exigir de la otra es el Convenio firmado por Manuel de Bernardo, "uno muy distinto al que han estado pregonando todos estos años".
Con esta “fantástica gestión”, el Ayuntamiento no sólo no va a poder reclamar nada a cambio que no esté en el Convenio, "sino que haría bien en preparar las arcas municipales para hacer frente a las reclamaciones que, en base al Convenio firmado por De Bernardo, nos pueda presentar la Junta de Andalucía".
