Esperanza Aguirre ha destapado la caja de los truenos al abrir el debate a nivel nacional sobre los liberados sindicales que entre UGT y CCOO viven amparados bajo la ley del Estatuto de los Trabajadores, cuyo número posiblemente sea el secreto mejor guardado que exista en este país, o al menos uno de ellos. Aguirre le quiere meter la tijera a dos de cada tres liberados en la Comunidad de Madrid y, sólo allí, la medida puede afectar a 2.000 sindicalistas. Muchos, ¿no? Se calcula que entre los dos sindicatos mayoritarios existen en España 57.000 liberados que cuestan a empresas privadas y públicas, que somos todos, nada menos que 1.600 millones de euros al año, una auténtica y sideral barbaridad sindical fuera de todo sentido en la España de la crisis y que representa, a todas luces, todo un negocio con ramificaciones variadas en subvenciones o cursos de formación. Y Hacienda sin devolver.
Cándido Y Toxo se han puesto nerviosos y se les nota demasiado porque la defensa de su posición es complicada de cara a una ciudadanía que cada día cuestiona más su labor, sobre todo porque el concepto originario fue válido y necesario en un momento laboral convulso y lleno de reformas pero que desde entonces no ha variado ni se ha adaptado en la medida que el mundo laboral avanzaba. La verdadera lucha sindical de estos últimos años ha estado en mantener activas sendas organizaciones a expensas del estado y de las empresas que, insisto, somos todos. No digo yo que los sindicatos hoy sean innecesarios, pero al igual que hay que acometer reformas laborales en empresas privadas y públicas, es necesaria una reforma de la ley de libertad sindical que, siendo eficaz, sea contemporánea, adaptada y rigurosa en el gasto y en el beneficio que aporta ante la tremenda inversión que entre todos hacemos para que cohabiten en éste nuestro mundo de hoy. Y que no se ofendan tanto Cándido y Toxo cuando a ellos les toca explicarse, que aunque no estén habituados a hacerlo también deben, o deberían, rendir cuentas. Como todos.
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