Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell su portavoz, Paula Sánchez de León, quien ha señalado que para ello se empleará “cualquier formato gráfico”, como ecografías en tres dimensiones (3D), que acompañarán a la información escrita sobre “las consecuencias médicas, psicológicas y sociales” del aborto.
La también consellera de Justicia ha enmarcado esta medida en el artículo 17.4 de la ley del Aborto, que prevé el derecho a la información con carácter previo al consentimiento, y ha resaltado que la ley tiene “importantes problemas técnicos en su aplicación” que hay que resolver, lo que les ha llevado a adoptar iniciativas.
Además, se ha decidido crear un Comité de expertos, que analizará y redactará la normativa autonómica necesaria para la aplicación y “la ampliación” del derecho a la objeción de conciencia, que se regulará también para que puedan ejercitarlo los empleados públicos que no sean profesionales sanitarios.
También se creará un servicio público específico para “conocer, regular y dar respuesta a todos los conflictos y controversias” que la aplicación de la ley del aborto pueda generar, como por ejemplo en el caso de menores de 16 años que decidan abortar y uno de sus progenitores dé su consentimiento, pero el otro no.
Otro de los ejemplos citados por la consellera en este punto es qué ocurre en los casos en los que los progenitores no dan su consentimiento al aborto de una menor, y ésta invoca, como prevé la ley en las mayores de 16 años, el peligro de sufrir violencia.
Este servicio también se encargará de que se aplique el contenido del programa “Más vida” puesto en marcha por la Generalitat hace más de un año y que “pretende contrarrestar o crear una alternativa a la ley del aborto”, y coordine a los distintos departamentos para dar una respuesta “ágil y eficaz”.
Sánchez de León, quien ha asegurado que estas medidas se han acordado conjuntamente por todo el Gobierno valenciano y sin ninguna opinión discrepante, ha reivindicado que pondrán en marcha todo lo que la ley permita para garantizar que las personas puedan defender “el derecho a la vida”, frente a la protección “del derecho a la no vida que garantiza” la ley del aborto.
La consellera ha considerado que el Tribunal Constitucional ha “perdido una oportunidad” al admitir a trámite el recurso contra la ley del Aborto pero no suspender cautelarmente la vigencia de su aplicación, como sí hizo con la ley valenciana de Caza en el artículo referido al método selectivo del “parany”.
