De nuevo, el Ayuntamiento de Torremolinos podría enfrentarse a una elevada indemnización debido al cierre de la gasolinera del Olivarillo en 2006, “fruto de la nefasta gestión a la que ha sometido el Partido Popular al municipio de Torremolinos y que ahora los vecinos tienen que hacer frente”, asegura Antonio Ruiz, portavoz del PSOE de Torremolinos. El Equipo de Gobierno del PP desoyó una sentencia judicial en el año 2009, sin proceder a su ejecución en la zona peatonalizada de la calle Hoyos.

En el año 2006, mediante decreto dictado por el entonces alcalde del PP, Pedro Fernández Montes, se acordó la imposición de una sanción de 30.000 euros de multa y la medida cautelar de cierre y precinto de la gasolinera situada en el Olivarillo. La entidad propietaria de la gasolinera interpuso recurso de reposición contra la sanción y la medida cautelar, recurso que fue desestimado por Decreto del alcalde, lo que a su vez provocó que la propiedad de la gasolinera interpusiera Recurso Contencioso- Administrativo del que conoció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Málaga. Sin duda, “hace referencia a la actitud dictatorial de Fernández Montes y su Equipo de Gobierno, que pensaban que su mandato estaba por encima de la ley”, añade Ruiz.

Sin embargo, el Ayuntamiento se allanó al recurso interpuesto y le dio la razón a la gasolinera, por lo que el Juzgado de los Contencioso nº 6, en fecha 24 de junio de 2009, dictó sentencia a favor de la estación de servicio, declarando no conforme a derecho, nula y sin efecto, la resolución que impuso la multa y la medida cautelar de cierre y precinto de la estación de servicio.

Posteriormente, en el año 2011, la propiedad de la gasolinera consideró que la sentencia del año 2009 no se ha cumplido y solicitó su ejecución. El Juzgado de lo Contencioso nº 6, le dio razón mediante Auto de fecha 03-10-2012 y ordenó al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para el pleno cumplimiento de la sentencia. El ayuntamiento de Torremolinos recurrió el Auto y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en fecha 15 de julio de 2013, dictó sentencia mediante la que desestimaba el recurso del Ayuntamiento y le ordenaba que adoptara las medidas para el cumplimiento de la sentencia del año 2009.

Hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a la sentencia, ya que posteriormente, entre enero de 2010 y mayo de 2011, el Equipo de  Gobierno del PP acordó ejecutar unas obras de peatonalización que impedían el acceso al tráfico rodado a la gasolinera, y ello a pesar de que eran conocedores de  la existencia de la sentencia dictada en el año 2009.

El pasado 5 de enero del presente año, la propiedad de la gasolinera solicitó al Juzgado de lo Contencioso nº 6  que instara al Consistorio para que en caso de no poder cumplir la sentencia del año 2009 que acordó la reapertura de la gasolinera, acudiese al procedimiento previsto legalmente para indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la empresa tras diez años cerrada.

Desde el actual equipo de gobierno se está trabajando para intentar buscar soluciones que intenten conciliar los intereses en juego, y dar cumplimiento a la sentencia, tratando de disminuir en la medida de lo posible los perjuicios económicos de la actuación llevada a cabo por el equipo de gobierno del PP. En este sentido, Antonio Ruiz deja claro que “la peatonalización y la actuación llevada a cabo por el PP nos muestra claramente lo que no debemos hacer, pues ahora nos encontramos con una sentencia que no podemos ejecutar y podría suponer un enorme perjuicio económico para el Ayuntamiento”. Ruiz, por otro lado, ha insistido en que “la actual equipo de gobierno está trabajando con el objetivo de ofrecer la mejor solución para los intereses municipales, beneficiando a los vecinos del municipio que han tenido que pagar innumerables sentencias en contra del Ayuntamiento de Torremolinos por culpa de la actitud de soberbia que caracterizaba al gobierno del Partido Popular”.