La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y EUROJUST, ha desmantelado un entramado especializado en la distribución ilegal de contenidos audiovisuales de pago y que llegó a embolsarse 15 millones de euros dando acceso a dos millones de clientes en todo el mundo a unos 40.000 canales de series o fútbol.
Según informa la Dirección General de la Policía, han sido detenidas once personas: cuatro en la provincias de Barcelona y Alicante, uno en Alemania, tres en Suecia y otros tantos en Dinamarca, y se han practicado quince registros, de los que siete han sido en España y el resto en los países europeos donde se han efectuado arrestos.
Entre los detenidos se encuentra el cerebro de la trama, un ciudadano iraní que residía en Alicante, aunque en el trascurso de las investigaciones se trasladó a un exclusivo domicilio en Barcelona desde donde controlaba en remoto desde su propio domicilio la total actividad de la organización.
Una actividad ilícita con la que el complejo entramado obtenía de manera legal la señal de numerosas plataformas y canales de televisión, señal que era después redirigida a su propia estructura de servidores, alojada en varios países de Europa, desde donde era redistribuida a sus suscriptores mediante el sistema de IPTV y listas M3U.
Estos métodos consisten en que, a través de una suscripción mensual, trimestral o anual, un terminal decodificador conectado a Internet permite el acceso a canales de televisión de diferentes países, pero el cliente desconoce que la compañía, que se presenta con la apariencia legal de proporcionar al emisión de contenidos, no cuenta con los derechos de explotación y la difusión de los mismos.
Los contenidos ilícitos eran ofertados al público a través de un atractivo entorno web a unos precios mucho más competitivos que los existentes en el mercado lícito. Ofrecían una amplísima gama de canales, películas, series documentales, y unos servicios de asistencia técnica a la altura de los distribuidores legales, contando para ello con su propia página web de soporte al cliente.
El servicio, además, se ofertaba a los denominados "reseller" o revendedores que aprovechaban la infraestructura para crear su propia marca y servicio ilegal a modo de franquicia, por lo que los beneficios que estiman los investigadores pueden ser mayores al no contabilizar los objetivos por estos revendedores.
Como resultado de las investigaciones se han localizado alrededor de mil páginas web que ofrecían acceso a algo más de 40.000 canales televisión, series y plataformas y se han desconectado los 50 servidores que conformaban la red de que disponía la organización, habiendo dejado por tanto sin servicio a los suscriptores.
Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado año a raíz de las denuncias interpuestas por LaLiga, Alliance for Creativity and Entertainment, Nordic Content, NAGRA y la Bundesliga, legítimos titulares de los derechos de los contenidos audiovisuales ofrecidos de forma fraudulenta.
Aunque el entramado estaba dirigido desde España, la organización contaba con ramificaciones en países como República Checa, Suecia, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Rumania, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido y Luxemburgo, países donde contaba con personal de su confianza que se encargaban de supervisar las actividades delictivas de manera local.
Igualmente sofisticado era el entramado diseñado para blanquear los beneficios, pues remitían el dinero a pasarelas de pagos o exchanges (convertidores cash-in / cash-out) de criptovalores o bien creaban empresas fantasma para generar facturas falsas.
De esta manera justificaban el continuo movimiento de dinero que fluía de manera abundante entre las numerosas cuentas creadas con identidades ficticias o de terceros.
Finalmente, los beneficios eran reintroducidos en el circuito legal mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, completando de esta manera el ciclo del blanqueo.
Gracias a las actuaciones policiales han sido intervenidos dos vehículos de gama alta valorados en 400.000 euros, una vivienda embargada valorada en 1.700.000 euros, cuatro relojes valorados en 45.000 euros, más de 9.000 euros en efectivo, 2.700.000 euros en criptovalores y 1.100.00 euros bloqueados en diversas cuentas bancarias.
