La Fiscalía ha retirado su acusación para dos de los 82 procesados por la reyerta ocurrida en los aledaños del estado Vicente Calderón en la que murió Francisco Javier Romero, Jimmy, al considerar acreditado que no estaban en Madrid aquel día, al término del juicio que ha quedado visto para sentencia.

El Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid ha finalizado este viernes el macrojuicio a 82 ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña por los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2014 en los alrededores del Vicente Calderón, donde murió un hincha gallego.

Se trata de la causa sobre la pelea, que es la pieza principal del caso y diferente a la que se siguió por la muerte del hincha del Dépor, que fue archivada y sobre la que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid.

Precisamente este viernes LaLiga, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha anunciado que ha solicitado la revocación del archivo del proceso por la muerte de Jimmy y la reapertura del procedimiento con la imputación de cuatro de los sospechosos, uno por delito de lesiones y tres por delito de homicidio.

En la exposición de sus informes finales en el caso de la reyerta, el fiscal ha confirmado que ha retirado la acusación contra dos de los procesados al considerar acreditado que uno, militar, estaba fuera de viaje fuera de España, como comunicó a sus superiores, y otro estaba también de viaje en Salamanca con su novia.

Para otros 70 procesados ha ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado al inicio del juicio por el que esos acusados reconocían los hechos y se les rebajaba la pena, y para el resto -los pocos que no llegaron a ningún acuerdo- ha mantenido las penas que solicitaba inicialmente, que iban de los 9 a los 31 meses de cárcel.

En su alegato el fiscal ha dejado claro que, salvo los dos exonerados, el resto de acusados se enfrentaron entre sí por una "motivación ideológica", ya que tienen ideas políticas antagónicas.

Sobre los acusados que no han llegado a un acuerdo, el fiscal ha detallado que han sido reconocidos sin duda por la Policía, sus teléfonos les sitúan en la zona y además algunos estaban heridos o tenían restos en la ropa que delataban su participación en una pelea.

Además en algunos casos en su teléfonos se intervinieron conversaciones de las que se deduce que estuvieron implicados o tenían fotos con simbología nazi.

Por su parte, el letrado de la acusación popular, ejercida por la LaLiga y que solicitaba penas más altas inicialmente, se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía, poniendo de relieve que la gran mayoría de los acusados reconoció los hechos relatados por el Ministerio Público, lo que acredita que participaron en una riña tumultuaria con la concurrencia de una agravante ideológica.

Sobre los procesados que no llegaron a acuerdo, el letrado de la acusación popular ha sostenido que "existe sobrada prueba para condenar a todos ellos".

Sin embargo, desde las defensas, los letrados que llegaron a un acuerdo se han ratificado en el mismo, aunque en algunos casos, como el de un abogado que defiende a 35 seguidores del Deportivo de La Coruña, han precisado que se han visto avocados a llegar a esa conformidad a pesar de que no creen que haya certeza de la implicación de sus clientes.

La letrada de uno de los acusados ha defendido que ese procesado, del Atlético de Madrid, "estaba en el lugar, pero no donde pretenden ubicarle los agentes del grupo 30 de Información", asegurado que las identificaciones no son concluyentes y las geolocalizaciones se pudieron alterar.

Esta abogada ha criticado "la investigación totalmente desastrosa" llevada a cabo por esos agentes, tras "un estrepitoso fracaso" en las labores previas de investigación de los grupos ultras.

En esta misma línea, el letrado de varios procesados que pertenecen al Frente Atlético, algunos de los cuales no han llegado a ningún acuerdo, ha defendido la inocencia de estos clientes, ya que no queda acreditado que participaron en la riña ni que exhibieran una determinada ideología, y ha asegurado que la Policía cometió fallos o irregularidades.

Ninguno de los acusados ha comparecido en la sesión de este viernes ni ha hecho uso de la última palabra.