El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, ubicado en la Avenida Doctor Fedriani, en la Macarena, fue posible gracias a la cesión hace más de medio siglo (1970) por parte del Ayuntamiento de Sevilla de una parcela de 1.564 metros cuadrados. En esas dependencias con más de 50 años, en la actualidad, se están emitiendo anualmente 33.000 informes periciales para los diferentes tribunales de justicia. Informes claves para el esclarecimiento de los delitos.

Las instalaciones son ahora “completamente insuficientes para albergar los servicios” del Instituto de Toxicología y, como consecuencia de esta constatación evidente, el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo con la Universidad pública Pablo de Olavide para que el servicio se mudara al campus. Allí, la institución académica le ha cedido una parcela de 6.460 metros cuadrados para que pueda levantar el nuevo edificio. Los suelos se encuentran al norte de la Olavide, próximos a los Servicios Centrales de Investigación, el Instituto de la Grasa y la biblioteca.

Los pasos administrativos para la construcción acaban de arrancar con la licitación por parte del Ministerio de Justicia del pliego técnico para el contrato de redacción de proyecto y dirección de las obras. Esta licitación asciende a 772.724 euros y prevé desde la redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, a la dirección de la obra y de la ejecución, entre otros aspectos. El plazo de ejecución es de 30 meses, según se refleja en la documentación oficial publicada y consultadas.

La superficie total construida será de 8.790 metros cuadrados. “El presupuesto de ejecución material no superará los ocho millones de euros, se especifica en la documentación antes citada”. Según se detalla, el edificio contará con dos zonas “diferenciadas”: una de uso principal (laboratorios, recepción de muestras, secretaría y zonas comunes) y otra destinada a almacenes. “En ambas es una condición prioritaria la existencia de aire limpio en todo el edificio y que se impida la emisión de gases a la atmósfera. 

El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el rector de la Olavide, Francisco Oliva, rubricaron en febrero de este año el acuerdo de cesión de la parcela del futuro Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Este servicio cuenta con una plantilla que ronda el centenar de trabajadores, cuyo trabajo atiende a una población de diez millones de habitantes de Andalucía, Canarias y Extremadura.