Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local propusieron en el primer estado de alarma en la provincia de Sevilla 32.790 sanciones por incumplimiento de las restricciones que se recogían en la medida excepcional arbitrada por el Gobierno de Pedro Sánchez para combatir y, especialmente, contener el avance de la pandemia de coronavirus.  

La sentencia del Constitucional, conocida este pasado miércoles, tumba parte del decreto de estado de alarma y, con ello, deja en el limbo las sanciones que firmaron las fuerzas de seguridad y los agentes de la Policía Local, que entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 (fechas de vigencia del primer estado de alarma y periodo en el que fallecieron por el virus 290 sevillanos) interpusieron una media de 324 sanciones diarias, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior. Sanciones que iban desde los 601 euros por desplazamientos no autorizados a los 10.400 euros por organización o participación en actividades prohibidas como fiestas y celebraciones, entre otras.   

El fallo del Constitucional salió adelante por seis votos a favor frente a 5 en contra. El Alto Tribunal declara inconstitucional la parte del decreto que acordaba el confinamiento de la población. Entienden los magistrados que para obligar a la ciudadanía a quedarse en casa hubiera sido necesario declarar el estado de excepción. Por tanto, lo que podría reclamarse es el importe de las sanciones impuestas a particulares que se saltaran ese confinamiento.

Habrá que esperar igualmente a conocer la letra pequeña de la sentencia, que se publicará íntegramente en los próximos días, para delimitar qué ocurre con las sanciones que ya son firmes.