El juez de Instrucción número seis de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha tomado este viernes declaración como investigado al exdiputado nacional del PSOE y secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, por las subvenciones excepcionales de la Diputación provincial para la tradicional 'Pará' de la localidad aljarafeña de Gines, pues Pradas fue jefe de gabinete de la Presidencia de la Diputación.

En concreto, el juez instructor había citado a declarar este viernes como investigados a Antonio Pradas; el exalcalde socialista de La Roda de Andalucía Manuel Silva Joya por su papel como jefe de Relaciones con los Territorios de la Diputación; Ángela Ramos como jefa del Servicio del Área de Presidencia y José Luis Rodríguez como vicesecretrario general de la entidad.

La comparecencia de Pradas apenas ha durado unos minutos, pues según fuentes del caso, el dirigente socialista sólo habría accedido a responder a las preguntas de su abogado, limitándose a explicar que la Diputación cuenta con subvenciones ordinarias y excepcionales; que las propuestas de ayuda eran redactadas en la unidad administrativa; que las propuestas de resolución incluían la motivación del carácter excepcional en su caso y que la tramitación respondía al modelo normalizado elaborado previamente por la Secretaría General de la Institución.

En ese sentido, Pradas habría manifestado que como jefe del gabinete de la Presidencia de la Diputación no era competente en materia de subvenciones.

EL PAPEL DE LOS "ÓRGANOS POLÍTICOS"

De otro lado, la jefa del Servicio del Área de Presidencia Ángela Ramos, quien ha accedido a responder también al juez y al fiscal, sin que este último plantease cuestiones; habría manifestado por su parte que era precisamente desde el gabinete de la Presidencia desde donde procedía la orden correspondiente al carácter excepcional de las subvenciones, es decir que eran los "órganos políticos" de la entidad los que decidían ese carácter de las ayudas.

El "interés público" mediante el cual estas ayudas eran canalizadas como extraordinarias, según habría expuesto esta investigada en el caso, era marcado por los responsables "políticos".

Manuel Silva Joya, en paralelo, habría accedido a responder sólo a las preguntas de su abogado defensor, alegando que como jefe de Relaciones con los Territorios de la Diputación carecía de competencias en materia de ayudas. Sí habría confirmado que antes de la primera de las subvenciones investigadas, se habría celebrado una reunión entre el entonces alcalde socialista de Gines Manuel Camino y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, supuestamente para tratar cómo apoyar la celebración de la Pará de dicha localidad, toda vez que también ellos están investigados en esta causa.

LA INVESTIGACIÓN DE LA PARÁ

El juez instructor considera que desde la creación del evento de la Pará en 2006 hasta 2016, las ediciones anuales de dicha feria agroganadera y de las tradiciones promovida por el Ayuntamiento de Gines habrían sido organizadas y celebradas "sin regulación" ni "instrumento normativo alguno", advirtiendo en un auto recogido por Europa Press de que pese al carácter "planificable" del evento, el mismo ha contado con varias subvenciones "excepcionales" de la Diputación, es decir ayudas "directas sin concurrencia ni convocatoria pública".

Se trata, en concreto, de tres subvenciones por importe de 6.000 euros en cada uno de los casos, más otra más por valor de 4.000 euros, todas ellas concedidas de manera "directa, sin concurrencia ni convocatoria pública", a las que se suma una más concedida por "convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva".

Así, y con relación a la Diputación, el juez atisba un supuesto "mecanismo arbitrario de concesión de las ayudas, prescindiendo de los principios y del procedimiento legalmente procedentes", pues tales subvenciones excepcionales para este evento anual y por ende "planificable" carecerían de documentación como la delegación de competencias desde la Presidencia de la entidad para la concesión de ayudas directas conforme al reglamento de la institución o una declaración expresa de la Presidencia declarando el carácter excepcional de la subvención, entre otros documentos.

"Dichas subvenciones habrían sido concedidas en contravención de los procedimientos y de los requisitos legalmente exigibles (según normativa estatal, autonómica, y de la propia Diputación Provincial), sin justificación del carácter excepcional de la correspondiente subvención y con omisión de presupuestos normativos esenciales para su otorgamiento", sostiene el juez instructor.

LAS RESOLUCIONES AL AÑO

A la hora de comparecer como investigado ante el juez, que considera que la concesión "directa" de las ayudas indagadas es fruto de "la sola voluntad" del presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos habría manifestado que firma unas 7.000 resoluciones al año respecto a la actividad de una institución cuyo presupuesto anual supera los 400 millones de euros, con lo que él no profundiza en cada uno de los expedientes, según habría explicado.

En ese sentido, se habría remitido a la tramitación administrativa de las subvenciones excepcionales indagadas, manifestando en paralelo su confianza en el equipo técnico de la Diputación, varios de cuyos altos funcionarios figuran también como investigados en esta causa judicial.

El secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa, quien declaraba igualmente como investigado, sí habría pormenorizado los expedientes correspondientes a las ayudas excepcionales de la Diputación para la Pará de Gines, defendiendo la legalidad de las mismas y justificando los trámites adoptados al respecto.

En esta investigación figuran como investigados el alcalde de Gines, el socialista Romualdo Garrido; el exprimer edil Manuel Camino (PSOE); nueve ediles o exconcejales del PSOE; el interventor y la secretaria del Ayuntamiento de Gines; cuatros ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío de la localidad con responsabilidades desde 2007 a 2017 y dos empresarios encargados de las instalaciones de 'La Pará'.

También están investigados el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos; los exdiputados provinciales de Hacienda Manuel González Lora y Manuel Domínguez: el secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa; el interventor, Eduardo López; el jefe de Intervención J.I.C.S.; el exalcalde socialista de La Roda Manuel Silva Joya como jefe de Relaciones con los Territorios de la Diputación; Ángela Ramos como jefa del Servicio del Área de Presidencia y José Luis Rodríguez como vicesecretrario general de la entidad.