La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura, ha informado favorablemente respecto a las "obras urgentes de seguridad" propuestas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), gobernado por el socialista Francisco Toscano, respecto a la antigua hacienda Ibarburu, levantada en torno a 1748, declarada bien de interés cultural (BIC), de propiedad privada y objeto en los últimos tiempos de episodios de expolio y de un incendio.
Según figura en un acta aprobada a mediados de noviembre por la Comisión Provincial de Patrimonio, la ley andaluza de Patrimonio Histórico estipula que "las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores", toda vez que la hacienda Ibarburu, de titularidad privada, fue declarada bien de interés cultural allá por 2002 por su papel en el ámbito de las haciendas agrarias y el carácter etnológico de su arquitectura.
Dicha norma, como bien señala este documento, recoge del mismo modo que la Consejería de Cultura podrá ordenar a los propietarios de los monumentos protegidos "la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia", toda vez que "dichas órdenes no excusarán de la obligación de obtener de otras administraciones las licencias o autorizaciones que correspondan", con la posibilidad de "proceder a la ejecución subsidiaria" de las obras ordenadas "con cargo al obligado" a la realización de las mismas.
LA "SITUACIÓN DE RUINA"
La ley andaluza de Patrimonio Histórico, además, determina según la comisión que "en el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro inminente de daños a las personas, la entidad que hubiera incoado expediente de ruina deberá adoptar las medidas necesarias para evitar dichos daños".
En ese contexto, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente respecto a "la ejecución de obras urgentes de seguridad propuestas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas" en la antigua hacienda Ibarburu, proponiendo a la delegada territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla, Susana Cayuelas, "la autorización del as obras acordadas" por el Consistorio nazareno.
Acerca de esta antigua hacienda, después de que un historiador y dos arquitectos denunciasen ante la Policía Nacional el expolio perpetrado en dicho recinto, una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, reflejaba que la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura consideraba que los hechos denunciados "pudieran ser constitutivos de los delitos de expolio y destrucción del patrimonio histórico".
A LA POLICÍA
Por eso, dicho departamento interpuso su propia denuncia ante la Policía Nacional, fijando "con carácter urgente una visita de inspección al citado bien de interés cultural, con objeto de identificar y valorar los daños y el expolio que se hayan producido".
En cuanto al Ayuntamiento de Dos Hermanas, defendía ante el departamento de Jesús Maeztu su "especial interés y atención" a la hacienda Ibarburu, esgrimiendo que había dirigido "sendos escritos" a la familia Pickman, propietaria del recinto, "en orden a adoptar las medidas precisas" para su conservación.
Es más, argumentaba el Ayuntamiento nazareno que ya en 2015, ante la "absoluta necesidad de urgentes medidas de consolidación y restauración del edificio", solicitó el respaldo del Fondo de Ayuda a la Rehabilitación de la World Monuments Fund, una organización internacional dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico y artístico, "sin que hasta la fecha se tenga pronunciamiento alguno" de dicha entidad.
De cualquier modo, el pasado mes de mayo esta antigua hacienda era objeto de un incendio denunciado también ante la Policía Nacional, ante la posibilidad de que hubiese sido provocado adrede.
