El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha defendido que su institución está "colaborando desde el primer día y con total diligencia" en la investigación incoada por un presunto falseamiento de actas de inspección, unas actuaciones en las que recientemente eran detenidos dos trabajadores del mencionado organismo responsables de las labores de vigilancia e inspección del dominio público hidráulico, por omitir supuestamente a cambio de dinero la existencia de pozos ilegales y el riego no regularizado de cultivos, principalmente en parcelas de la comarca sevillana del Aljarafe.
En declaraciones a Europa Press, Joaquín Páez ha señalado la "colaboración" prestada por la CHG en la citada investigación promovida por la Policía Nacional, según la cual estos trabajadores de la CHG aprovechaban supuestamente su condición de inspectores del dominio público hidráulico, para obtener presuntamente dinero a cambio de omitir en sus informes de actuación diversas irregularidades detectadas en las parcelas supervisadas, como pozos ilegales o el riego no regularizado de cultivos.
La práctica investigada, según la Policía, consistía en "la expedición de falsas actas en las que se manifestaba la ausencia de irregularidades tales como que no se regaba o bien que los pozos estaban en desuso o cegados". En otros casos, la presunta falsedad consistía en "reducir la superficie en riego (reflejada en los informes), constatando que se encontraba muy por debajo de la real".
La investigación, que se habría centrado principalmente en fincas de la comarca del Aljarafe, habría revelado que en diversas parcelas inspeccionadas por los miembros de la CHG detenidos había en algunos casos "verdaderas construcciones hidráulicas completamente ilegales" y que habrían sido omitidas en las labores de inspección, con el consiguiente "perjuicio al medio ambiente".
Estas fincas, siempre según la investigación, tienen pozos en la masa de agua Aljarafe, acuífero declarado sobreexplotado por la propia CHG desde 1988, pesando una prohibición respecto a nuevas captaciones o aquellas sustitutivas de las existentes.
La práctica investigada, en cualquier caso, implica un presunto delito de cohecho activo para estos trabajadores y pasivo para los particulares que colaboran con ellos al aceptar su solicitud y beneficiarse así "de la infidelidad en sus funciones de vigilancia".
Al respecto, el presidente de la CHG ha defendido que dicha institución ha "colaborado desde el primer día y con total diligencia" con la Policía Nacional para la citada investigación", al objeto de que sean "aclarados" los hechos. "Será la Justicia la que tenga que decir si realmente los hechos se corresponden con lo que se ha denunciado", ha indicado, exponiendo además que la CHG está "arropando" en paralelo a sus dos trabajadores afectados por estas diligencias policiales, porque obviamente les asiste la "presunción de inocencia".
"Todos los trabajadores tienen la garantía de que la directiva está siempre detrás de ellos, arropándoles", ha indicado Páez, defendiendo que la CHG cuenta además con su propio "sistema de control" respecto a su funcionamiento.
