El delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, ha aclarado hoy que el Ayuntamiento de Sevilla concedió durante el año pasado 4 millones de euros en ayudas sociales a familias para garantizar suministro de gas y luz, el abastecimiento de agua o el pago de los alquileres de la vivienda, con 17.000 solicitudes resueltas. “Se ha configurado una estructura de apoyo directo a los hogares atendiendo a las líneas estratégicas que se definieron en el inicio del mandato como fueron la lucha contra la pobreza energética, el agua como un derecho básico y las iniciativas para apoyar el ejercicio del derecho a una vivienda digna. El compromiso de este equipo de gobierno con las personas más necesitadas de Sevilla es ineludible y lamentamos el intento del Partido Popular de desacreditarlo con datos que no se corresponden con la realidad”, ha abundado Flores.
En materia de pobreza energética, el Ayuntamiento suscribió durante este mandato convenios con Endesa, Gas natural, Unión Fenosa e Iberdrola para garantizar que no hubiera cortes de suministros por motivos económicos a familias con informes de los Servicios Sociales y una línea directa de ayudas a los hogares. En este sentido, en 2017 se otorgaron ayudas por un importe de 990.000 euros, que permitieron el abono de 3.584 recibos. “Esa cifra supone un incremento superior al 300% respecto a las ayudas que se tramitaban en el año 2015, en el inicio del presente mandato, y, por tanto, con el PP en el gobierno de la ciudad”, según ha remarcado Juan Manuel Flores.
En cuanto a las garantías de abastecimiento de agua, tal y como acordó el Pleno, el consejo de administración de Emasesa aprobó que no habría cortes de suministro por motivos económicos. En coordinación con los Servicios Sociales y los distritos se generó una red de apoyo a las familias que permitió en 2017 que se pagaran 12.000 recibos en la ciudad por un importe de 840.000 euros. “Con respecto al año 2015, con el PP, este presupuesto implica un incremento superior al 2.000%, dado que en aquel ejercicio tan sólo se abonaron 481 recibos por 37.000 euros”, ha sostenido el delegado.
Las ayudas en materia de vivienda otorgadas a través del Programa de Prestaciones Públicas Complementarias también se reforzaron sensiblemente durante el pasado ejercicio, cuando se alcanzaron los 2 millones de euros en 1.430 ayudas concedidas para el pago de cuotas de vivienda en cumplimiento de los acuerdos plenarios y los compromisos del gobierno. “Este importe supone prácticamente el doble de las que se gestionaron en el año 2015”, ha precisado Flores.
Dentro de esta estructura ocupa un papel importante la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna dependiente de Emvisesa y constituida en mayo de 2016. En año y medio de funcionamiento, la oficina tramitó 733 expedientes, de los que se resolvieron 509. La mayor parte de estos expedientes se concentraron en los primeros meses de funcionamiento, “evidenciando, pues, que existía una situación de emergencia que requería su creación, y el PP no lo hizo cuando más azotada la crisis económica”, ha apostillado el delegado.
Esta oficina ha permitido, asimismo, que en materia de mediación se hayan cerrado 190 expedientes y que 132 familias sevillanas accedan a una vivienda a través de la vía de excepcionalidad al ser víctimas de desahucio o encontrarse en situación de vulnerabilidad extrema acreditada por los Servicios Sociales.
“Por tanto, este balance echa por tierra las declaraciones del PP, y demuestran que para este equipo de gobierno los programas sociales sí son una prioridad, frente al abandono por los recortes durante los cuatro años de mandado el Partito Popular en Sevilla. Las partidas destinadas en 2017 duplican, triplican e incluso cuadruplican las destinadas en 2015, cuando el PP sólo aplicó recortes”, según ha abundado Juan Manuel Flores.
En cuanto al programa de Refuerzo a la Dependencia, tras la reciente resolución de la Junta de Andalucía por la que aprobaba sus partidas para el mismo a finales de diciembre pasado, el Ayuntamiento de Sevilla ultima los trámites administrativos para ejecutarlas. “Y en ningún caso el programa está paralizado, sí en tramitación, y los trámites administrativos son preceptivos, como bien debería saber quien estuvo 4 años en el gobierno”, ha concluido Flores.
