El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa) y ha condenado al Ayuntamiento a pagarle una indemnización de 521.501,89 euros por un conflicto que data de 2009, con Monteseirín de alcalde. Con esta nueva sentencia judicial contraria, Espadas debe afrontar ya el pago de más de 18 millones de euros por pleitos perdidos y que datan de gobiernos anteriores.
Aussa, sociedad participada de forma mayoritaria por Tussam (el otro socio es Azvi), podría decirse que es una empresa municipal de segundo grado, pero esa afinidad con el Ayuntamiento no ha sido óbice, ni mucho menos, para que no lo llevara a los tribunales, disconforme con la decisión de la Junta de Gobierno de fecha 12 de marzo de 2009 (último mandato de Monteseirín) de declarar caducada la concesión que le otorgó el 10 de septiembre de 1998 (último mandato de Soledad Becerril) para explotar el aparcamiento del Arenal.
Cuatro reclamaciones
La empresa exigía cuatro indemnizaciones, la primera por el estado inicial del edificio. Así, recibió el aparcamiento de manos del Consistorio y a través de Tussam el 26 de febrero de 1999, pero estaba en tan mal estado que tuvo que realizar obras de acondicionamiento y mejora durante once meses con un coste de 529.501,89 euros, cantidad que reclamó ante los tribunales un decenio después.
La segunda de las indemnizaciones se refería al periodo de explotación. La fecha de explotación expiraba el 11 de febrero de 2009, pero a juicio de Aussa debió ampliarse por la necesidad de realizar durante esos once meses los trabajos de acondicionamiento. Por ese acortamiento del período de explotación exigía una indemnización de al menos 221.760,84 euros.
La tercera se centraba en las condiciones de competencia. La sociedad constituida por Tussam y Cointer (grupo Azvi) se vio sorprendida desagradablemente por la decisión del Ayuntamiento de autorizar la construcción, a 50 metros de su estacionamiento del Arenal, de otro aparcamiento subterráneo, concretamente en el Paseo de Colón, cuya explotación fue concedida al grupo Sando. La consecuencia inmediata fue que el nivel de ocupación de sus plazas de garaje descendió a la mitad, lo que a su vez supuso una merma del 50% en los ingresos. Por esa ruptura del equilibrio económico financiero, Aussa exigió al Consistorio una indemnización de 1.695.469,65 euros.
Y la cuarta, se centraba en los cambios de tarifa. Dos años antes de que expirara el contrato, el Ayuntamiento le impuso las tarifas por minuto, con lo cual además de la reducción de ingresos que le provocó esta decisión a su juicio unilateral, tuvo que comprar nuevas máquinas expendedoras de ticket, que le costaron 57.209,69 euros. Entre una cosa y otra, estimó un perjuicio de 109.143,10 euros.
En cada capítulo Aussa pedía ese mínimo o incluso más, amén del abono de los intereses de demora. En total, pues, Aussa pedía una indemnización por valor superior a los 2,6 millones de euros (la cuantía del recurso quedó fijada en 2.613.085,17 euros, aunque no era el resultado exacto de la suma de las peticiones parciales).
Sólo una estimada
Sin embargo, al cabo de siete años el Juzgado sólo ha estimado la primera de las reclamaciones, por considerar que el objeto social de Aussa es la explotación de aparcamientos y no su construcción o adecuación, a lo que se vio obligada durante casi un año por el pésimo estado de las instalaciones del Arenal.
Desestima el resto de exigencias porque ya el Ayuntamiento amplió en un año la concesión y porque Aussa debe competir en un mercado que está sujeto a todo tipo de cambios, desde la entrada de nuevos competidores hasta modificaciones en la normativa, y no puede pretender que se le garantice la ganancia de unas cantidades fijas.
Pese a que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar sólo el 20% de la indemnización global exigida por Aussa, ha decidido interponer un recurso de apelación.
Con esta nueva sentencia negativa por causa de pleitos heredados de anteriores corporaciones, el gobierno de Espadas, sin tener arte ni parte en ninguno de ellos, ha visto cómo, de promedio, cada mes de estos once que lleva rigiendo los destinos de la ciudad le ha caído un fallo judicial negativo encima, a un coste promedio también de 1.654.135 euros y por un total de 18.195.487,86 euros. A este paso, Espadas va a necesitar un Presupuesto aparte, sólo para abonar las sentencias que se van dictando en contra del Ayuntamiento.
De los once fallos negativos, a uno por mes, siete provienen de pleitos contra los gobiernos de Monteseirín, tres por el mandato de Zoido y uno se remonta a la época de Rojas Marcos, por la expropiación del edificio Laredo en vísperas de la Expo 92.
