La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado, finalmente, el recurso promovido por los trabajadores despedidos mediante el expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2010 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la anterior gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de archivar la investigación del presunto fraude implícito en dicho despido colectivo, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

   Según tales fuentes, en un reciente auto, la Audiencia Provincial no ha considerado "acreditados" los posibles delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias y financiación ilegal atisbados por el colectivo de 89 trabajadores que pese a su deseo de conservar sus puestos de empleo, fueron despedidos mediante este ERE pactado entre la empresa y el anterior comité de empresa, pues la plantilla cuenta actualmente con representantes distintos.

   Dado el caso, ha sido desestimado el recurso de apelación promovido por el colectivo contra la decisión previa del juzgado de archivar las actuaciones, decisión que ha confirmado plenamente la Audiencia Provincial.

EL ERE DE 2010

   Hablamos del primer expediente de regulación de empleo acometido por VBR en la plantilla española de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten España y Estados Unidos. Y es que en total, esta empresa relevada después por Vectrus consumó despidos colectivos en 2010, 2013 y 2014, destruyendo 240 puestos de empleo estables.

   En el caso del primer ERE, anunciado a finales de 2010, VBR pretendía extinguir 286 puestos de trabajo indefinidos ligados a los servicios de mantenimiento y logística de esta base militar, si bien tras una negociación entre las partes, medió un acuerdo entre la empresa y los representantes de la plantilla en aquel momento, para reducir a 150 el número de despidos. Pero una vez firmado dicho acuerdo, el número final de trabajadores afectados se redujo a 119, al descubrir la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa, extremo investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

   Estas diligencias partían de una denuncia formulada por varios extrabajadores de la base afectados por este primer ERE y por la sección sindical de USO, quienes avisaban de que la anomalía descrita sugiere "indicios" de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE, prevaricación por parte de la entonces delegada provincial de la Consejería de Empleo y "financiación ilegal y tráfico de influencias" por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones. Estos extrabajadores consideran que el anterior comité de empresa, a excepción de USO, "entregó" literalmente la plantilla a la empresa a cambio de que el ERE se formulase de tal modo que "beneficiase" a determinados trabajadores relacionados con el mundo de la política y los sindicatos.

PRESUNTAS CONTRAPARTIDAS

   Vicente Amador presidente del colectivo de 89 trabajadores despedidos a través del ERE pese a que desearían haber conservado sus puestos, se mostraba "seguro" de que los miembros del anterior comité, a excepción de USO, no reaccionaron al ERE de 2010 con una defensa de los trabajadores, sino negociando presuntas contrapartidas para los trabajadores relacionados con el mundo de la política o los sindicatos.

   Porque según Vicente Amador, la empresa accedió a introducir en el ERE, y por tanto despedir con su correspondiente indemnización de 45 días por año de servicio, a determinados trabajadores que estaban cerca o a punto de cumplir los 65 años, cuando podría haberse desecho de tales empleados sin indemnización alguna sólo con dejar transcurrir el tiempo hasta su jubilación. Según concreta, de los 119 trabajadores despedidos mediante este ERE, 30 de ellos fueron claramente "beneficiados" porque muchos de ellos "estaban ya en estado de prejubilación y cada año hacían sólo poco más de 20 días de trabajo", con lo que "prácticamente no pertenecían ya a la empresa" y a VBR no le compensaba verdaderamente pagarles indemnizaciones por despido.

   En la denuncia de los extrabajadores, recogida por Europa Press, figuraba el caso del otrora concejal socialista de Alcalá de Guadaíra Francisco García Jiménez, quien "renunció a sus cargos" municipales y se reincorporó a VBR, donde gozaba de una excedencia, el 13 de septiembre de 2010, coincidiendo con este primer despido colectivo. Según la denuncia, García Jiménez habría percibido una indemnización por despido de aproximadamente 180.000 euros al retornar a la plantilla de la base y ser incluido en el ERE.

   Figuraban además en la denuncia los despidos de un miembro de UGT que cumplía la edad de jubilación al mes siguiente del ERE y que cobró una indemnización de cerca de 123.000 euros, un hermano del citado concejal socialista miembro además de UGT, otro miembro de UGT padre de un dirigente de la ejecutiva del PSOE de Alcalá de Guadaíra, el presidente de tal agrupación y su hermano, --que sólo afrontaba cuatro años hasta su jubilación--, un exconcejal del PSOE de Morón o incluso el caso de Juan Michi, antaño secretario general de la agrupación socialista de Pino Montano al que le restaban cuatro años para la jubilación y que habría cobrado una indemnización por despido de aproximadamente 134.000 euros, siempre según la denuncia.

   La denuncia de los extrabajadores, además, atribuía al alcalde de Alcalá, Antonio Gutiérrez Limones, el papel de "mediador en la sombra" en la negociación del ERE al haber participado en "reuniones sin que se conozca quién le designa como tal".