La asociación de mayoristas de fruta, verdura y hortalizas, socio minoritario de Mercasevilla, pide en su escrito de acusación dos años de cárcel para cinco de los 16 procesados por las presuntas irregularidades de la venta de los derechos de opción de compra de los suelos del mercado central, incluyendo al exconcejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y al exdirector de la empresa Fernando Mellet, solicitando seis meses de prisión para el exconcejal socialista Gonzalo Crespo. Reclama a todos ellos 25 millones en concepto de responsabilidad civil y que el Ayuntamiento sea declarado responsable subsidiario.
En el escrito de acusación elevado a la juez Mercedes Alaya, recogido por Europa Press, la representación de la asociación de mayoristas de fruta, verdura y hortalizas de Mercasevilla trata el procedimiento promovido por la compañía allá por el año 2005, para adjudicar los derechos de opción de compra de los terrenos del mercado central, todo ello en el marco de los planes de traslado de la empresa.
En su escrito de acusación, los mayoristas señalan que Fernando Mellet como director general de Mercasevilla; Gonzalo Crespo, quien era presidente del consejo de administración de Mercasevilla; Domingo Enrique Castaño y Antonio Rodrigo Torrijos como miembros de la comisión ejecutiva; y Luis Sánchez Manzano y José Luis Sánchez Domínguez como representantes de Sando, "diseñaron un proceso de enajenación del principal activo de la compañía, que impidió que Mercasevilla pudiera haber obtenido por sus suelos el valor más alto posible, y todo ello para beneficiar a un tercero, la compañía Sanma", filial de Sando.
Y es que el concurso público promovido por Mercasevilla para enajenar sus suelos fue finalmente fallado en favor de Sanma pese a que la oferta del grupo Noga era mejor en términos económicos.
EL PLIEGO
Según el escrito de acusación, "se decidió por la forma del concurso público, desestimando la subasta pública, opción que habría sido la más ventajosa para los intereses de la compañía y con la que se habría obtenido una mayor rentabilidad económica en la operación". "Rodrigo Torrijos, Crespo Prieto, Castaño Gallego y Mellet decidieron la opción del concurso público puesto que, como más tarde se comprobaría, resultaría una forma en la que más fácilmente podría conseguirse el resultado final pretendido que no era otro que la adjudicación última a Sanma, entidad con la que ya habían cerrado hacía meses el acuerdo", dice este escrito de acusación recordando que Sando incluso remitió a Mercasevilla "su propio modelo de pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para el concurso, constando en el mismo una de las dos cláusulas que permitirían que su opción resultase la elegida en el concurso".
Gracias a las condiciones de dicho pliego, según este escrito de acusación, "Sanma y los acusados se aseguraban que su oferta en la licitación partiera con una importantísima ventaja sobre el resto de licitadores, ya que era la única entidad con la capacidad y solvencia necesaria para una operación de esta envergadura que cumplía el criterio exigido", en referencia "la titularidad previa de derechos de superficie, condición que sólo cumplía Sanma".
Señalan los mayoristas "la muy directa participación" de Rodrigo Torrijos, "que consciente de (su) capacidad de control en la compañía y dominio del hecho, claramente mayor inclusive que el del propio presidente del consejo de administración (Gonzalo Crespo), impondría en el consejo de administración de 30 de noviembre el criterio 'distinto a los meramente economicistas y desde luego no especulativos' que habría de seguirse en el proceso de licitación pública que se iba a acometer".
"Esta finalidad política impuesta a una sociedad privada, Mercasevilla, por el socio mayoritario, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su representante, Rodrigo Torrijos, supone un acto claro y notorio de administración fraudulenta, adoptándose un acuerdo perjudicial para los intereses de la mercantil", dicen los mayoristas, que detectan un presunto "delito societario por la administración fraudulenta".
CÁRCEL E INDEMNIZACIÓN
Como autores directos de este delito, este escrito de acusación señala a Fernando Mellet, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo y Domingo Enrique Castaño, con Sánchez Domínguez y Sánchez Manzano como cooperadores necesarios. Así, los mayoristas de fruta piden dos años de prisión para cada uno de los acusados a excepción de Gonzalo Crespo, para el que pide seis meses, solicitándoles 25 millones de euros en concepto de "responsabilidad civil", tomando para ello la diferencia entre el precio más alto de los ofrecidos para el citado concurso público "y el ofrecido por Sando".
En este punto, los mayoristas de fruta reclaman que el Ayuntamiento de Sevilla, socio mayoritario de Mercasevilla y "quien designó a los aquí imputados", y Sanma, sean declarados responsables subsidiarios.
