La juez de Instrucción número 15 de Sevilla ha archivado la denuncia interpuesta por un delito de estafa contra la dueña del restaurante Río Grande, María del Carmen García Sánchez, por intentar vender el negocio ocultando que la juez que investiga el caso de los ERE irregulares le había embargado a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 1.990.689,36 euros que le impuso, ya que cuando se produjo el proceso de compraventa no pesaba ninguna medida cautelar sobre el inmueble y Mercedes Alaya sólo le había embargado sus participaciones sociales.

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez ha dictado un auto en el que acuerda el archivo provisional de la causa abierta contra la propietaria del restaurante a raíz de la denuncia interpuesta contra ella por la persona interesada en la compra, ya que entiende que, en el momento de intentar vender el negocio, la juez Mercedes Alaya aún no había embargado el inmueble y únicamente lo había hecho sobre las participaciones sociales de María del Carmen García, según adelanta este lunes 'El Correo de Andalucía'.

   Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que la persona que denunció a la propietaria del restaurante ha recurrido el archivo decretado por la juez ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

   El pasado mes de abril, la dueña del restaurante declaró como imputada en sede judicial y explicó que el contrato de compraventa se formalizó en octubre de 2013 --la juez no embargó el restaurante hasta febrero de 2014-- y en el mismo no se incluyó que la juez Mercedes Alaya le había embargado en mayo de 2012 sus participaciones sociales en el negocio --que ascienden a un 99 por ciento del total-- "porque no hacía falta" y porque, además, el comprador "conocía" este extremo al derivar de un caso conocido y "mediático" como es el de los ERE.

   María del Carmen García Sánchez, que también está imputada en el caso ERE, señaló que el comprador, natural de Sevilla, le llegó a entregar como señal y por medio de un cheque 500.000 euros para la compra tanto del negocio como de las dos fincas sobre las que se asienta el mismo en la calle Betis de la capital hispalense, cuyo valor total alcanzaba unos seis millones de euros.

   La imputada declaró que, antes de la denuncia interpuesta por el comprador el pasado día 6 de enero estaba dispuesta a devolverle la cantidad entregada como señal, pero aseveró que "ya no se la va a devolver porque la ha denunciado".

   Asimismo, la propietaria del restaurante dijo que en diciembre de 2013 comunicó a la juez Mercedes Alaya su intención de vender el negocio, "aunque no que lo hubiera vendido ya".

   Fue cuando el afectado fue a escriturar la compra cuando se le informó de que la juez Alaya mantenía embargadas a la dueña de Río Grande sus participaciones sociales en el negocio, a lo que se suma que la propia Río Grande había sido declarada responsable civil subsidiaria de la fianza impuesta a María del Carmen García.

   Por este motivo, el afectado dio por resuelto el contrato de compraventa y reclamó a la imputada el dinero entregado a cuenta.

   Fue en febrero de 2014 cuando la juez Alaya embargó el propio restaurante, otra finca situada en esa misma zona de la calle Betis pero en sus números pares, y un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila), mientras que también ordenó embargar a la dueña del restaurante sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.