La juez de Sevilla que investigaba la presunta venta irregular de aproximadamente mil vehículos abandonados custodiados por la Oficina de Vehículos Abandonados (OVA), que dependía de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), ha ordenado finalmente el sobreseimiento de las actuaciones al no acreditar las diligencias "intencionalidad" en los hechos investigados, como ha avanzado este martes 'Diario de Sevilla'. El exgerente de Lipasam Rafael Pineda, el principal imputado del caso, ha confirmado a Europa Press que el Juzgado de Instrucción número tres ha archivado las diligencias.

   "Ya lo tengo notificado. Ayer mismo me llamó mi abogado (Miguel Ángel Millán, otrora Gerente de Urbanismo) y me comunicó que la juez había decidido el archivo de la causa no sólo en lo que respecta a mí, sino en general para toda la causa", ha declarado Rafael Pineda, quien explica que después de que las representaciones de los imputados solicitasen el archivo de las actuaciones, "ni la Fiscalía ni Lipasam" se habrían opuesto, lo que habría motivado que finalmente la juez accediese a sobreseer las actuaciones.

   "No había nada. Poco antes del auto de archivo hubo un informe de la Policía que, tras revisar en profundidad las cuentas bancarias de Lipasam, no detectaba nada sospechoso", concluye Pineda, quien admite que se encuentra "más relajado" gracias a esta decisión de la juez.

   Estas diligencias se remontaban al mes de junio de 2012 y partían de la denuncia promovida por la Gerencia de la propia sociedad municipal Lipasam. En concreto, la investigación correspondía al destino de aproximadamente mil vehículos abandonados depositados en la Oficina de Vehículos Abandonados de Lipasam y presuntamente entregados a diversas chatarrerías al margen del procedimiento oficial.

   En la causa figuraban como imputados, además de Rafael Pineda, el que fuera jefe de Relaciones Externas e Institucionales de Lipasam hasta 2009 y posterior jefe del servicio de Inspección Enrique Herbello Naveiro, el responsable de la Oficina de Vehículos Abandonados y el propietario de un desguace al que habrían ido a pararlos vehículos.

   En el caso concreto de Rafael Pineda, la juez le imputaba un delito de malversación por haber autorizado el pago para el viaje de seis técnicos de Lipasam a Cuba, aunque el encausado defendió que los técnicos viajaron a Cuba a fin de acudir al Centro de Educación Ambiental y asesorar en materia de recogida de residuos, señalando que Lipasam "es líder a nivel nacional en recogida de residuos" y que "la forma de hacer cooperación internacional no era prestar dinero sino conocimiento y formar a los técnicos cubanos".

   La juez, no obstante, apenas le preguntó durante aquella comparecencia sobre la presunta venta irregular de los coches abandonados, y sobre este particular el imputado únicamente señaló que, en el año 2009, se mandaron 20 o 25 vehículos con un valor máximo de 200 euros cada uno, precisando que el propietario del desguace imputado en la causa ya dijo que dichos coches eran suyos después de haberlos abonado.