Una juez de Sevilla ha suspendido hoy "sine die" la imputación de Antonio Pulido, expresidente de Cajasol, y otros cuatro directivos de esa caja de ahorros por la presunta estafa en la venta de unos activos "tóxicos" ya que la empresa inmobiliaria denunciante no ha ratificado aún su querella.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez de instrucción 5 ha citado al representante legal de la empresa denunciante, Urbanizadora Rojas, el próximo 18 de junio para que ratifique su denuncia, tras lo cual tomará una decisión respecto a los cinco directivos bancarios.
Pulido, sin embargo, ha afirmado a los periodistas que se trata de una decisión "lógica y razonable" y ha expresado su convencimiento de que en el caso "no hay delito", aunque ha declinado hacer más comentarios por respeto a la investigación judicial.
Pulido, hoy directivo de una filial de Caixabank, y los exdirectivos de Cajasol habían sido citados por una denuncia de Urbanizadora Rojas, que los acusa de haberles concedido en 2008 un préstamo para unas viviendas de VPO en Tomares (Sevilla) con la condición de que les comprara una parcela en la localidad sevillana de Dos Hermanas de las llamadas "molestas o tóxicas".
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, Rojas solicitó a Cajasol (ahora integrada en Caixabank) un préstamo para adquirir los terrenos destinados a 200 viviendas de VPO en Tomares y la caja de ahorros prometió darlo a cambio de la adquisición en Dos Hermanas de unos determinados solares de los calificados como tóxicos.
La venta se firmó en enero de 2009 por 8.820.000 euros, con un sobreprecio sobre lo legalmente establecido de 5,2 millones de euros, afirma la denuncia.
La empresa compradora se encontraba en aquellos tiempos en una "situación complicada de ahogamiento financiero" que "le hacía absolutamente desaconsejable la inversión en nuevos terrenos", añade su denuncia.
Posteriormente el Grupo Rojas supo que la disposición de su préstamo tenía una serie de condicionantes, entre ellos que no se podía disponer del dinero hasta que tuviera vendidas el 75 por ciento de las viviendas de la promoción.
Tales condicionantes estaban recogidos en un documento que el empresario desconocía y que "fue introducido de una forma furtiva en la protocolización de la escritura del préstamo hipotecario", según la denuncia, que también reclama 33,1 millones de euros por diferentes conceptos como el lucro cesante, las sanciones por el retraso de la obra y el daño a la imagen.
Junto a Pulido, están citados Lázaro Cepas, exdirector general de la caja, y los exdirectivos de Cajasol Inversiones Inmobiliarias Francisco Javier Fernández Sobrino, Baldomero Camargo y Miguel Valero Moreno.
