El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha pedido este martes a la Consejería de Salud y Bienestar Social que abone las cuantías pendientes con el Consistorio hispalense por la aplicación de la Ley 39/2006 o Ley de Dependencia. El primer edil defiende que no le "gusta" verse abocado a un litigio judicial para reclamar a la Administración estos millones de euros, pero al tiempo avisa de que el Consistorio no puede anticipar 'sine die' el dinero que correspondería aportar a la Junta de Andalucía, sobre todo porque "llega un momento en el que el Ayuntamiento no tiene más tesorería".
Tras inaugurar el nuevo centro de servicios sociales de Los Bermejales, y a preguntas de los medios de comunicación, el primer edil ha evaluado el conflicto que enfrenta al Ayuntamiento hispalense y la Consejería de Salud y Bienestar Social a cuenta del servicio de ayuda a domicilio. Y es que el Consistorio hispalense promueve por la vía Contencioso-Administrativa un recurso contra la Administración andaluza por una deuda de aproximadamente 13,3 millones --de la que la Junta sólo reconocería unos 9,3 millones--, por la financiación de este servicio prestado merced a la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
El primer edil, junto a la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco (PP), ha defendido que el convenio firmado entre ambas partes contempla la financiación anticipada a manos de la Junta de Andalucía para que el Ayuntamiento tramite y ejecute la contratación del servicio.
"No nos gusta que nos obliguen a ir a un procedimiento judicial para reclamar lo que la Junta ha debido pagar en materia de servicios básicos y elementales que no podemos dejar de prestar", ha manifestado el alcalde, quien pide a la Junta de Andalucía que "pague lo que desde el Ayuntamiento hemos adelantado" para la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Y es que, como ha avisado el alcalde, esta situación no puede prolongarse 'sine die' porque "llega un momento en el que el Ayuntamiento no tiene más tesorería" para hacerse cargo en solitario de este asunto.
Dolores de Pablo-Blanco, de su lado, ha argumentado que el Ayuntamiento, que el pasado 6 de marzo hacía públicas sus acciones judiciales, ha "movido ficha". "Estamos esperando que nos llame la Junta". Sobre el nuevo conflicto surgido en el servicio de ayuda a domicilio al adjudicar el Consistorio a la empresa de servicios integrales 'Clece' su prestación, la concejal ha argumentado de nuevo que la rebaja salarial y la reducción del número de trabajadores y trabajadoras que la empresa concesionaria ha emprendido se enmarca en la "relación particular" de la empresa concesionaria con la plantilla de este servicio.
"El Ayuntamiento no puede entrar en esa relación, pero sí en pedir que hay consenso en las posturas de ambas partes, cosa que hemos hecho", ha defendido.
