Extécnicos de la Junta de Andalucía que trabajaron durante el vertido de la mina de Aznalcóllar en 1998 han confirmado en el juicio sobre la reclamación de casi 90 millones de euros a Boliden, que "todas" las actuaciones de la Junta fueron motivadas por el vertido, pese a la percepción de la empresa de que se infla el coste.

En la primera de las cuatro jornadas previstas han comparecido como testigos el que fuera jefe de Gabinete de la Consejería de Medio Ambiente Juan López Domeq; el excoordinador de la Oficina de Restauración creada ante el vertido en 1998, Javier Serrano Aguilar, y el exmiembro de la Oficina Técnica de la Consejería José María Arenas.

El juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha iniciado este martes un juicio que continuará los próximos días 6, 11 y 13 y ha contado en esta jornada con la declaración de tres de los doce testigos y un perito previstos, en el proceso abierto contra las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV).

El juicio, presidido por el magistrado de lo civil José Manuel Martínez y que ha causado gran expectación mediática, se produce 25 años después del desastre ecológico y trata de dilucidar la reclamación de 89.867.545 euros por parte de la Junta a Boliden.

El que fuera jefe del Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina de Restauración creada en el momento del vertido, Javier Serrano Aguilar, ha asegurado, a preguntas de las partes, que todas las actuaciones acometidas por la Junta estuvieron "motivadas" por el vertido.

Serrano Aguilar, que dirigió la Oficina hasta noviembre del 2000, ha dicho que dichas actuaciones del Gobierno andaluz "fueron necesarias" y que el objetivo de la Administración fue variando con el paso del tiempo.

Según el técnico, lo primero fue retirar los lodos procedentes de la mina y devolverlos a sus propietarios para que continuaran con su actividad agrícola pero, una vez comprobado que "no era posible" que la contaminación desapareciera totalmente, se decidió la restauración.

Los terrenos entonces ya no tenían capacidad agrícola pero tampoco "se podían dejar desnudos" porque la erosión habría arrastrado la contaminación que "aún quedaba" hacia el Parque Nacional y el estuario de Doñana, por lo que se procedió a realizar una "revegetalización" con vegetación forestal similar a las que había en otros ríos.

El extécnico -ya jubilado-ha recordado que las dimensiones de la rotura de la balsa -que vertió cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, donde hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas- no tenía precedentes históricos, por lo que la Junta tuvo que "innovar" en su actuación.

Pese a que la línea argumental de la defensa de Boliden, representada por los abogados del bufete Uría y Menéndez, era la que la Junta ya tenía programada antes del vertido la creación del Corredor Verde, el testigo lo negó y defendió la necesidad de proceder a una "descontaminación global" de la zona.

A su juicio, la dimensión de la catástrofe no solo fue medioambiental sino que repercutió también en la actividad económica, concretamente en unas 3.000 hectáreas de terrenos agrícolas, una situación que hizo que se expropiaran y que perdieran su vocación agrícola y también la turística.

 


El extécnico de la Junta ha admitido que se necesitaba un proyecto que "superara" el impacto del vertido pero ha señalado que la zona sigue "pagando las consecuencias" del desastre, y ha asegurado que todas las actuaciones se hicieron con fondos de las administraciones autonómicas y nacionales porque la Unión Europea se negó, ya que argumentaba que las consecuencias debería afrontarlas la empresa minera.

"Cuando se planteó la restauración de la zona, Boliden ya se había quitado del medio", ha declarado Serrano, quien ha advertido de que esta actitud contrastó con la colaborativa que tuvo en un primero momento la minera sueca debido, en su opinión, a que estaba pendiente de una nueva concesión por parte de la Junta.

Previamente declaró el que fuera jefe de gabinete de la Consejería de Medio Ambiente entre 2000 y 2004, Juan Antonio López, quien ha defendido la actuación "integral" de la Junta en la restauración de la zona después del vertido tóxico.

López ha recibido las primeras alusiones por parte de la defensa sobre el Corredor Verde creado a raíz del desastre y ha señalado que este proyecto estuvo "íntimamente unido" a la restauración de la zona y era "necesario" porque no se podía hacer una restauración estética.

Negó también que el Corredor Verde fuera planteado antes de la rotura de la balsa, en la misma línea de Serrano y de José María Arenas, según el cual las actuaciones de la Junta no fueron "más allá" de los propios efectos del vertido.

Arenas ha recordado que con el vertido se pusieron en crisis numerosas actividades comerciales como el arrozal o el fresón de Huelva, así como los recursos pesqueros y las reservas turísticas, y ha advertido de que la restauración, lejos de acabar entonces, propició sacar a un herido "de la muerte" para convertirlo en "un enfermo crónico".

 

ECOLOGISTAS ESPERA UNA "CONDENA" A BOLIDEN

Ecologistas en Acción ha mostrado su deseo de que concluya en condena el juicio que comienza este martes en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, para resolver la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra la empresa sueca Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros más intereses, por los gastos de restauración medioambiental afrontados por la Administración pública a cuenta de la catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

A las puertas del juzgado, Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, ha manifestado que el colectivo espera que el juicio derive en "una condena a Boliden" para que la entidad "pague" los costes de la restauración medioambiental, si bien tras 25 años de los hechos es "difícil ser optimista", según ha avisado.

En cualquier caso, ha pedido que las letradas de la Junta de Andalucía hagan "todo el esfuerzo" posible para conseguir la condena de Boliden, asegurando que en caso contrario, sería posible "recurrir a la justicia sueca", que "determina que Boliden tiene que hacerse cargo de los daños que haga en cualquier parte del mundo".

También ha recordado que la Audiencia de Sevilla tiene fijado para marzo de 2025 el juicio correspondientes a la investigación penal de la nueva adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis; reclamando una vez más "medidas cautelares" para que dicho grupo no comience a explotar la mina hasta esclarecer si obtuvo los derechos "mediante procesos de corrupción".

BOLIDEN DESTACA SU "ALIVIO" TRAS 25 AÑOS "SIN ACUERDO"

La multinacional sueca Boliden ha manifestado este martes que 25 años después de la catástrofe natural derivada de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por esta entidad a través de la sociedad Andaluza de Piritas (Apirsa), es "un alivio" que haya comenzado en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla el juicio destinado a resolver la reclamación de 89,8 millones de euros de la Junta por los costes afrontados para la restauración medioambiental de la zona, asegurando que la empresa la dejó "de buen modo".

Klas Nilsson, responsable de Comunicación de Boliden, ha manifestado a los medios de comunicación a las puertas de la sede judicial, que 25 años después del siniestro "es bueno" que el juicio se celebre. "Afortunadamente, ambas partes pueden presentar sus argumentos. Veremos qué encuentra el tribunal", ha dicho, asegurando que para la empresa sueca es un "alivio" que el juicio se celebre "finalmente". "Hemos tenido discusiones con la Junta y durante muchos años, no ha sido posible llegar a un acuerdo, así que es reconfortante tener una tercera parte que revise los argumentos", ha dicho con relación al tribunal.

Ha defendido además que los "esfuerzos" de Boliden "durante y después" del siniestro fueron "exitosos". "Dejamos la zona de buena manera", ha dicho el responsable de Comunicación de la multinacional sueca, reconociendo que el tribunal ha conducido esta primera sesión del juicio "de una manera muy respetuosa", tras lo cual ha declinado "especular" con el resultado del procedimiento, lo que le ha llevado a remitirse al dictado de la sentencia.

LA JUNTA ESPERA QUE BOLIDEN DEVUELVA LOS 89 MILLONES

El Gobierno andaluz espera que "se haga justicia" en el juicio civil contra Boliden que se ha iniciado este martes por el vertido tóxico de Aznalcóllar (Sevilla) y que se devuelva a los andaluces los 89 millones por los daños ocasionados, por lo que irán "con todas las armas" que proporciona el Estado de Derecho.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha resaltado en rueda de prensa que "afortunadamente" ahora la zona está restaurada y ha asegurado que la Junta trabaja "mu duro" para que ese ecosistema sea "compatible con el desarrollo económico y social".

Ha recordado que fue "uno de los grandes desastres" a nivel europeo en materia medioambiental, importante no sólo en al ámbito ecológico, sino también en el desembolso por parte de la Junta para atajar el problema, por eso esperan que se devuelvan esas cantidades.

Ha señalado que es "dinero de todos los andaluces" y ha garantizado que la Junta ahora trabaja "de manera exhaustiva y rigurosa" para que el futuro de la mina "sea posible".