La planta de Montemarta-Cónica, que gestiona en prórroga forzosa desde 2016 la empresa Aborgase, dejará de percibir a partir de mayo los residuos procedentes de la Mancomunidad del Guadalquivir, compuesta por 27 municipios, y que serán trasladados ahora a la planta de la Mancomunidad de La Vega, que prestará servicio a 60 localidades. Así se dará cumplimiento al convenio firmado con la Mancomunidad del Guadalquivir el pasado mes de julio de 2022. Esto supondrá que dos de cada tres municipios sevillanos tratarán sus residuos en el complejo en esta Mancomunidad, que pasará a prestar servicio a una población de 584.293 habitantes.
La Mancomunidad de La Vega cuenta con un vertedero público entre los pueblos de Guillena y Burguillos, en terrenos que son parte del término municipal de Alcalá del Río. Actualmente, recibe 217.000 toneladas de residuos, de las que 123.000 proceden de los 33 municipios a los que atiende en estos momentos (19 mancomunados, cuatro asociados y diez de la Mancomunidad de la Sierra Morena sevillana). No solo trata los residuos municipales. En sus instalaciones se recibieron el año pasado los residuos --de diferentes tipologías-- de 40 empresas.
Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 7/22 de Economía Circular, con la que el Gobierno de España da cumplimiento a la Directiva europea sobre esta materia, la Mancomunidad de La Vega ha emitido una circular para despejar las "dudas" de municipios y empresas en torno a la nueva tasa que fija el Real Decreto para penalizar lo que va directamente al vertedero y, con ello, impulsar el reciclaje.
Fuentes de la Mancomunidad explican a Europa Press que la nueva tasa "ha generado confusión" y llaman la atención sobre el "importante" incremento de los costes para los usuarios del vertedero. De hecho, para los municipios, éstos pagarán el doble por cada tonelada que entreguen. Ahora, el precio de ésta es de 34 euros, a lo que tienen que añadir otros 30 euros (si ha sido tratada previamente) por el nuevo impuesto, que se ingresa directamente al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el caso de las empresas, éstas tendrán que pagar por la tasa entre 15 y 40 euros por tonelada de residuo, según la tipología del mismo.
