La plataforma que reclama que el cortijo de Gambogaz, enclavado en Camas (Sevilla), deje de pertenecer a la familia del general Gonzalo Queipo de Llano, repudiado en 2016 por el pleno del Ayuntamiento hispalense por los fusilamientos perpetrados bajo su mando, dada la "compraventa simulada" del recinto; ha reclamado a la hermandad de la Macarena que "cumpla de manera inmediata la nueva Ley estatal de Memoria Democrática", que según del Gobierno obliga a retirar de la basílica de la entidad la tumba del citado general golpista.
En un comunicado, el citado colectivo, integrado en la Asamblea de familiares y asociaciones de Memoria Histórica de la plaza de la Gavidia, expone que "la presencia y exhibición de la tumba de Queipo de Llano en un lugar privado pero de gran proyección pública, como es la basílica de la Macarena, conlleva un insulto para las familias de las víctimas del Franquismo y una mofa de la Iglesia española hacia la ciudadanía y los derechos y libertades".
La plataforma recuerda sus reivindicaciones respecto a la retirada de dicha tumba, avisando de que reclama además "la exhumación de Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra, menos mediático que Queipo, pero no por ello menos responsable, que se encuentra enterrado en el antepresbisterio de esta basílica, cubierta su tumba bajo una alfombra".
A tal efecto, el colectivo lamenta las declaraciones en las que el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, manifiesta que la hermandad "está esperando que le digan qué tiene que hacer" ante la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática,
considerando Cabrero que la entidad no debe tomar una "decisión" propia al estar sus hermanos "divididos" y llamando a "arbitrar el decreto" estatal que determine la actuación a adoptar.
"Hasta ahora, la hermandad de la Macarena, desoyendo el clamor de las víctimas del Franquismo y de la ciudadanía sevillana, se ha negado a sacar los restos de Queipo de Llano y de Francisco Bohórquez. Ni por compasión, ni por empatía, ni por amor a las víctimas", enfatiza la plataforma memorialista, que reclama a la hermandad que "cumpla de manera inmediata la Ley de Memoria Democrática y no contribuya con su actitud e inacción con una ilegalidad".
Sobre el asunto, recordémoslo, pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba, dado el papel del citado militar en los fusilamientos perpetrados en la ciudad tras el golpe de Estado de 1936.
Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.
En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen "vinculante" sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros "elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares".
Pero en la anterior legislatura autonómica, el Gobierno andaluz del PP insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.
En paralelo, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla aclaraba que mediaban "palmarias diferencias" entre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, pues el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un "lugar privado de uso público".
La reforma de la Ley estatal de Memoria Democrático, de cualquier modo, impediría la presencia de figuras del franquismo en lugares preeminentes, anunciando el Gobierno central que los restos mortales del general golpista serán exhumados y enterrados de manera "digna", donde su familia "decida".
