La cuenca del Guadalquivir ha entrado en emergencia ante la ausencia de precipitaciones, que en los últimos 20 años se han reducido en un 9% cada año, lo que ha provocado una reducción del nivel de aportaciones del 60%, por lo que si no llueve el 2 de noviembre se declarará el decreto de sequía, previa propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que limitará las aportaciones a regantes e industria, mientras que los municipios tendrán que inspeccionar sus instalaciones de tratamiento para garantizar la calidad de un recurso que ya es escaso.

La directora técnica de la CHG, Nuria Jiménez, ha explicado en el programa Tierra 7, de 7TV, que han detectado que el cambio climático ha provocado que haya cada vez menos periodos de aportaciones extremas y más de años secos, además de episodios de precipitaciones muy fuertes seguidos de periodos muy secos y largos que no permiten que las escorrentías lleguen a los embalses.

En datos, aunque la aportación de precipitaciones del año pasado sólo ha descendido un 17%, en los últimos 20 años ha disminuido la precipitación media anual en un 9%, lo que ha supuesto la reducción de las aportaciones a los embalses en un 60%. Al ser una cuenca deficitaria, los embalses “están precisamente preparados para este tipo de clima”, son de regulación hiperanual y permite jugar con la capacidad de almacenaje.

La planificación de la CHG, cuyo plan hidrológico está en estos momentos en información pública, juega con las herramientas “tanto de oferta como demanda”, explica Jiménez, que asegura “en líneas generales, no hay más demanda” ni en los regadíos, que se han ido reduciendo, ni en el consumo industrial ni en el abastecimiento humano.

“Somos una de las cuencas de mayor modernización de regadíos”, aseguraba Jiménez defendiendo el esfuerzo inversor de los regantes, mientras que en consumo humano se han reducido las pérdidas en abastecimiento y la gestión de consumos es más ágil y automática.

Con respecto al decreto de sequía, ya se trabaja con regantes e industria, que esperan el alivio de cargas económicas que supondrá su entrada en vigor, mientras que los municipios de más de 20.000 habitantes, que están obligados a tener su plan de emergencia, ya hay una gran mayoría en redacción y a punto de aprobación.

En el caso de estas poblaciones, tendrán que adoptar medidas de reducción de consumo y restricciones pero, sobre todo, de inspección de sus instalaciones para poder ofrecer un recurso de calidad y suficiente.