Alberto Domínguez, abogado, es categórico al afirmar que si en el banquillo hubiera estado sentada otra persona que no fuera la Infanta Cristina, nunca hubiera pasado lo que ocurrió después y que se reduce -que es mucho reducir- a arruinarles la vida a dos letrados jóvenes con toda una carrera por delante. Que la pueden retomar, pero que han perdido tres años en los que podían haber avanzado y mucho en sus aspiraciones.

Los hechos se remontan al Juzgado de Palma de Mallorca un 8 de febrero de 2014, cuando el juez José Castro Aragón sienta en el banquillo por primera vez en la historia moderna a una Infanta de España. Castro dicta una providencia el 28 de enero anterior en la que prohibía terminantemente cualquier tipo de grabación de imágenes y sonidos de la vista oral.

Allí están los abogados María del Carmen Jiménez y Francisco Carvajal, quienes se han tenido que enfrentar a tres años de pleito hasta quedar absueltos porque no se ha demostrado que fueran culpables de desobediencia clara a la autoridad ni haber sido los autores de la grabación. Se trata de esa grabación que fue filtrada a los medios de comunicación realizada con un teléfono móvil en la que se ve a Cristina de Borbón declarando.

¿Por qué dice Alberto Domínguez Vázquez que no hubiera ocurrido nada -o se hubiera minimizado al máximo- si no se hubiera tratado de una Infanta de España? Pues porque no se trataba sólo de la desobediencia a un juez sino que habían quedado en evidencia todos los sistemas de control del Estado, desde el Centro Nacional de Inteligencia hasta los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado encargados de que se cumpliera esa orden del juez.

Los dos acusados, los letrados Francisco Carvajal y María de Carmen Jiménez, fueron señalado a dedo porque eran de los que se podía presumir , según el ángulo de la toma y la distribución de la sala, que podrían haber sido los autores. Pero esa acusación pasaría a convertirse en un elemento más de la chapuza que supuso la sesión en lo que a prohibición de grabación se refiere.

Los dos abogados habían sido despojados de sus teléfonos móviles, eran nuevos en Palma, así que no se conocían el escenario como para poder preparar una grabación de esa trascendencia y finalmente, el peritaje a través del láser demostró que quien hizo la grabación estaba justo delante de los dos abogados. Y nunca fue descubierto y si lo fue, no se ha dado a conocer.

Se da la circunstancia de que los efectivos policiales y judiciales presentes intervinieron todos los dispositivos de los que entraban en la sala, menos de los trabajadores del Juzgado a quienes se consideraban de absoluta confianza, con lo cual, además de las pruebas periciales concluyentes de la no culpabilidad de los dos abogados acusados, había otros autores posibles que no fueron denunciados y para más inri, ni siquiera fueron examinados antes de entrar en la sala.

María del Carmen Jiménez, por la que habla el abogado Alberto Domínguez Vázquez, no pudo presentarse a las oposiciones que estaba preparando porque estaba acusada de un delito además de pasar tres años en los que uno termina creyéndose que lo van a declarar culpable a pesar de saber de su inocencia.

Lo que realmente se pretendía -dice Domínguez- era encontrar una cabeza de turco para tapar la absoluta negligencia de los servicios de seguridad, negligencia que es más grave por cuanto la comparecencia de la Infanta Cristina se trató al más alto nivel de seguridad, como un asunto de Estado. Y falló toda la seguridad sin que nadie sufriera consecuencias, salvo los dos acusados ahora declarados no culpables.

Alberto Domínguez es el fundador del despacho Domínguez&Silva abogados y estuvo en esta casa junto a su compañera letrada María Luz Cañas Ante, quien trabajó codo a codo con él en el caso. Y dejó claro a lo largo de la entrevista todos los males de un proceso que como otros muchos han sufrido un juicio paralelo en los medios de comunicación y en la calle, con todo lo que ello conlleva al prestigio de los que se ven involucrados en calidad de investigados.

Sobre todo si luego son declarados no culpables, como fueron los casos de su defendida, María del Carmen Jiménez y de su compañero Francisco Carvajal. O de la propia Infanta, también declarada no culpable por mucho que la gente en la calle haya emitido su veredicto particular, cada ciudadano uno propio.

Sin embargo, Alberto Domínguez no culpa sólo a los medios de comunicación del circo mediático que suele montarse cuando salta a la opinión pública un caso de esta trascendencia. También a jueces y fiscales a los que reprocha que durante todo el proceso, el fiscal Pedro Horrach estaba realizando declaraciones en la prensa un día sí y otro también.

Es más, Domínguez asegura que muchas de las cosas que se han dicho no eran ciertas, y habla conociendo buena parte del sumario e incluso se atreve a decir que nunca creyó, con las pruebas en la mano, que Cristina de Borbón llegara a sentarse en el banquillo porque la acusación no se sostenía. ¿Que el juez Castro tuvo la "valentía" de sentarla en el banquillo? Lo hizo y cuando un juez lo hace es porque existen indicios suficientes, que se trata de una decisión perfectamente motivada, pero luego resultó que fue absuelta de los cargos.

Los dos abogados que pasaban por allí se sentaron, pues, en el banquillo, porque el caso se mediatizó. Y se mediatizó -no sólo por los que fueron Duques de Palma sino por los dos acusados de la grabación- porque suponía "una vergüenza a nivel internacional para los sistemas de seguridad españoles. Porque que una infanta se siente en el banquillo y la graben, podían haber metido una cámara u otra cosa. Quedó en evidencia la vulnerabilidad y mi opinión es que quisieron ir contra las personas más débiles y menos conocidas".

"No sancionaron ni dijeron absolutamente nada a los responsables de la seguridad. Y un comisario me contestó que a él le daba igual que lo expedientaran porque le quedaban dieciocho meses para jubilarse. Yo le dije que él se iba a jubilar pero estos señores (por los dos abogados acusados) tienen una vida por delante". 

Pues pasaron tres años de calvario cuando Alberto Domínguez creía que el fiscal iba a retirar la acusación "porque en la vista oral no quedó acreditado absolutamente nada". Y concluye el letrado gaditano con algo que han mantenido durante toda la grabación. Si en el banquillo no hubiera estado la Infanta quedando en evidencia el CNI y todo el aparato del Estado, su clienta y su compañero nunca se hubieran sentado en el banquillo.