La delegada provincial de Medio Ambiente, Silvia López, defendió la concesión de la gestión y exlotación del castillo de Sancti Petri a las empresas Loggia y Novojet por el plazo de un año. Con esta autorización, podrán realizar visitas guiadas al histórico fuerte y su islote y organizar exposiciones, igual que hicieron ya el año pasado con un permiso de similares características.


La autorización se otorga mientras se continúa a la espera de que el Gobierno central redacte el pliego de condiciones para una concesión administrativa, un proceso que daría lugar a una actividad con más estabilidad en el tiempo, según indicó López.


A la convocatoria se presentaron cuatro empresas, dos de transporte marítimo, una de restauración y mantenimiento y otra de recreaciones históricas y la concesión ha sido para dos de ellas, presentadas juntas para abarcar todo el proyecto ofertado.


La delegada defendió la concesión a Loggia y Novojet en los resultados del año pasado, que se entiende desde la Consejería de Medio Ambiente que fueron buenos y afirmó que se han ofrecido “mejoras” sobre las condiciones en las que se desarrolló el verano de 2011.


A este respecto se recordó desde este periódico a la delegada provincial los problemas que habías existido en cuanto a accesibilidad al castillo desde las embarcaciones y la obligación de la Junta de procurar que todos los servicios que oferta directamente o a través de terceros procuren subsanar cualquier discriminación a personas con movilidad reducida. Desde la empresa concesionaria, no obstante, aclararon que se usarán las mismas embarcaciones -zodiac- que en la temporada pasada.


La delegada incidió en ese aspecto y en esa filosofía y aclaró que existían mejoras con respecto al año pasado, sólo que el castillo está ubicado en un islote, la Junta de Andalucía no puede actuar sobre él para hacer algún tipo de obras que faciliten la seguridad de los visitantes y se trata además de un contrato temporal -de un año- por el que no se puede obligar a las empresas a realizar obras de envergadura, en el caso de que se permitieran.


Precisamente la duración del contrato ha sido alargada para solucionar otro de los problemas surgidos con la concesión anterior, de sólo seis meses, y que ha hecho que desde primeros de enero el castillo estuviera sin vigilancia y al arbitrio de quien quisiera llegar y entrar.


Al concederse la gestión desde junio a junio coincidirá la finalización del convenio con la concesión del próximo, que se espera que ya responda a más tiempo a través de la plica que se le viene demandando al Ministerio de Medio Ambiente y que sería de no menos de cinco años para posibilitar inversiones de calado en el monumento histórico con vistas a su explotación turística, como ya informaba este periódico días atrás.

Guardia Salinera
Esto es en lo que respecta a las empresas que se harán cargo por segunda temporada seguida de la gestión y explotación del castillo. En cuanto a las otras dos empresas, una de ellas era la Asociación Guardia Salinera Isleña, cuyo objeto social son las recreaciones históricas. Esta asociación, de gran prestigio en la Bahía de Cádiz y en muchas partes de España en las que ha demostrado su solvencia en sus quehaceres, se presentaba junto con otra empresa de transporte marítimo.


El problema que ha existido para no conseguir la concesión ha sido, según la delegada, que no cumplía con el objeto de la concesión en el caso de la Guardia Salinera, aunque sí lo hacía la empresa de transportes.


Para la delegada provincial de Medio Ambiente, quizá el error ha sido creer que cumpliendo una de las dos empresas era suficiente cuando debían ser las dos las que cumplieran los requisitos. No obstante, señaló que se trata de una concesión por un año, por lo que para la próxima vez pueden concurrir una vez subsanados los reparos contemplados en un estudio jurídico encargado por la propia Consejería de Medio Ambiente sobre el particular y que podrá ser remitido a la Guardia Salinera si así lo demanda o no lo ha demandado ya.


Hay que recordar que la Guardia Salinera está en proceso de convertirse en fundación, con el nombre de Fundación Legado de las Cortes, con la que estiman que podrían solventar muchos de los problemas jurídicos que ahora encuentran para acceder a la gestión de patrimonio.


Por parte de Loggia, no obstante, se ha vuelto a decir que están abiertos al diálogo con todos los que puedan aportar algo a la oferta, pero dentro de unos términos “razonables”.