Unas obras concluyen y otras no cuentan aún ni con la primera piedra. Este miércoles, la autovía autonómica que enlaza Jerez y Chipiona pasando por Sanlúcar ha vuelto a ser reabierta al tráfico después de dos meses de obras entre los kilómetros 10 y 18 de dos de sus. Se ha rectificado el hundimiento de la calzada ya que era una situación que había provocado accidentes en este tramo especialmente.
En “tiempo récord” ha destacado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, la celeridad con la que se ha concluido la actuación, puesto que se han desarrollado en la mitad del tiempo estimado para que el proyecto estuviera listo antes de Semana Santa. Si la previsión fue que las obras concluyeran antes de verano, cuatro meses a lo sumo, se han finalizado a dos meses de su inicio.
No obstante, aunque se haya concluido una reparación por lo que hoy era un día para celebrar, ha dicho Colombo, la Junta aún tiene cuentas pendientes con la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz en materia de infraestructuras. Justamente, el día en el que comenzaron estas obras la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, apuntó que, relativo al proyecto de desdoble de la A-491, la administración se encuentra buscando financiación “público-privada” para ejecutar el proyecto. Esto fue algo que no gustó a los socialistas roteños ya que, especularon acerca de lo que podría tratarse estas afirmaciones de Carazo y llevaron una moción al pleno de este pasado mes de marzo en la que por mayoría la cámara municipal mostró su rechazo para la instalación de peajes y aprobaron pedir explicaciones a la consejería.
Así, este miércoles, el Director General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Enrique Catalina, en rueda de prensa ha desmentido que la financiación “público-privada” para el proyecto de desdoble de la carretera A-491 -que está en periodo de supervisión actualmente-, conlleve la instalación de peajes: “Nunca la va a pagar el usuario, no es un pago por uso ni por disponibilidad ni un peaje”.
Este explicó que la financiación de un proyecto de tal envergadura, -cuyo valor asciende a los 50 millones- contempla dos líneas de financiación, la de los fondos Feder o la colaboración público-privada. Sobre esta última, se refirió a que las obras de financiación con la empresa privada es una especie de “hipoteca” en la cual, la administración tiene la obra ejecutada “antes de los plazos que tendría una financiación ordinaria y la administración va pagando” a la empresa, indicó, pagándose a través de los presupuestos anuales pero durante un tiempo de entre 20 y 25 años según estipule el contrato de colaboración con la adjudicataria.
