Rodríguez avisa al Parlamento que el pacto antitránsfugas es contrario al TC

 Teresa Rodríguez y los siete diputados de Adelante Andalucía que están pendientes de una posible expulsión por transfuguismo han advertido este martes al Parlamento andaluz que la aplicación en este caso del Pacto Antitransfuguismo es "contrario" a la jurisprudencia del TC y "atentaría" contra sus derechos.

La decisión final sobre la expulsión la tomará mañana la Mesa del Parlamento de Andalucía, órgano al que Teresa Rodríguez y sus diputados afines han enviado un documento para poner en conocimiento de la situación a sus miembros (PSOE, PP, Cs y Vox)

El objetivo es que sus miembros "no puedan manifestar desconocimiento en esta u otra instancia sobre la decisión que se adopte", recoge el escrito al que ha tenido acceso Efe.

Se trata de un aviso de estos diputados de Adelante que barajan recurrir a todas las instancias judiciales posibles si son expulsados aplicando los criterios del Pacto Antitransguismo, como -según ellos- pretenden IU y Podemos.

Rodríguez y sus afines están convencidos de que Unidas Podemos ha presentado propuestas para endurecer el Pacto "ex profeso", que sean declarados tránsfugas y resolver el problema de Andalucía.

El escrito de los ocho diputados, firmado por Maribel Mora, diputada de Adelante y miembro de la Mesa con voz pero sin voto, esgrime que la aplicación del Pacto Antitransfuguismo es "contrario" a la jurisprudencia del TC y por tanto "atentaría" contra los derechos de representación de estos parlamentarios.

"El pacto tiene un carácter no jurídico, ya que no es un texto cerrado, está pendiente de la incorporación de otros partidos de sus propuestas y supone un acuerdo de naturaleza programática destinado a modificar leyes y reglamentos de los parlamentos autonómicos", asegura.

Sostiene que su contenido "no es conforme" con la doctrina constitucional, ya que plantea la "injerencia de los partidos en el ejercicio de la representación política y propugna que estos puedan "remover" a diputados, senadores y otros electos de segundo grado, lo que "fulmina" el derecho de participación política de los ciudadanos que son los que eligen.

Expone que la declaración de tránsfuga se atribuye en exclusiva a los partidos, sin necesidad de explicar las causas, y no permite que el electo pueda defenderse, de hecho - precisa- vale con la simple certificación de los partidos de que han abandonado la disciplina o se han apartado de las directrices, lo que considera "constitucional inviable"

De igual forma, esgrime que según el TC y los Servicios Jurídicos del Parlamento "no es de recibo" aplicar en este caso una interpretación de acuerdo de partidos sin norma alguna, al igual que recuerda que "no es posible aplicar" el Pacto Antitransfuguismo con retroactividad.

"No se puede calificar de transfuguismo una actuación que cuando ocurrió ni de lejos era incardinable en el supuesto meses mas tarde, tal y como recoge la jurisprudencia", asevera Mora.