El PP denuncia que presupuestos no garantizan aplicar la Ley Derecho a Vivienda

El PP denunció ayer que las partidas destinadas a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en los presupuestos de la Junta para 2010 "no garantizan" la aplicación de la futura Ley de Derecho a la Vivienda ni tampoco lo establecido en el Pacto Andaluz por la Vivienda.

Esta denuncia fue realizada por la portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, quien ha analizado, junto a los portavoces de Educación, Santiago Pérez, y la portavoz de Medio Ambiente, Carolina González-Vigo, los presupuestos de la Junta para el 2010 en materia de Vivienda, Educación y Medio Ambiente.

Según la diputada del PP, las delegaciones provinciales de la Consejería costará a los andaluces el año próximo 32,2 millones de euros, una cifra "relevante" si se tiene en cuenta que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha apostado por la austeridad e incluso por la "reducción" de las delegaciones provinciales.

Martínez denunció que la Consejería de Vivienda cuenta con 95 millones de euros menos para la política de vivienda, lo que supone una bajada del 18 por ciento, una reducción "preocupante", ya que se trata de una Consejería que pretende aprobar la Ley de Derecho a la Vivienda para los andaluces.

Del presupuesto de este departamento se deduce también, según la parlamentaria del PP, un traspaso de medios a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), que sufre un aumento de 94 millones de euros, y se convierte en el cuarto organismo autónomo en volumen de presupuesto detrás del SAS, del SAE y la Agencia Andaluza del Agua.

El gasto corriente supone 71 millones de euros, de los que 44 se destinarán al personal, según Martínez, quien ha agregado que en año y medio esta Consejería ha "consolidado" a 1.107 personas, cuando las inversiones reales se reducen en un 33 por ciento y las transferencias de capital en un 15 por ciento.

Eduación y Medio Ambiente

Por su parte, el portavoz de Educación del PP, Santiago Pérez, señaló que una vez analizados los presupuestos de esta materia para el 2010 se llega a la conclusión de que el "problema" no es de personas al frente de la Consejería sino de "políticas" educativas, ya que solo pretende dar respuesta a "ocurrencias" de última hora.

Pérez apuntó que los presupuestos en Educación supone el 4,2 por ciento del PIB andaluz, por lo que está "muy lejos" del 6 por ciento al que se comprometió la Junta con el sector, y ha añadido que, igualmente, incumple la programación financiera anunciada por el Gobierno andaluz respecto a la Ley de Educación.

Según el parlamentario popular, el incremento medio estipulado tenía que ser de unos 300 millones de euros anuales y sin embargo se han quedado para 2010 en unos "ridículos" 130 millones, al mismo tiempo que "no se hace nada" por mejorar las infraestructuras de la Educación.

De la misma forma, llamó la atención sobre el hecho de que las partidas para proporcionar la gratuidad de los libros de texto hayan aumentado "al doble" pese a que el número de alumnos ha disminuido, y criticó que haya aumentado la partida para las sustituciones docentes solo en secundaria.

Respecto a la Consejería de Medio Ambiente, Carolina González Vigo lamentó que, en tiempos de crisis, la Junta no haya sabido "aprovechar" el medio ambiente para el crecimiento económico, para la creación de empleo y para el desarrollo sostenible, ya que este va a ser uno de los departamentos que más sufrirá en inversiones.

Los presupuestos dedicarán 204 millones de euros menos para la inversión, según la portavoz del PP, quien destacó que en políticas de aguas las inversiones reales bajan un 27 por ciento -130 millones menos que en 2009-, a lo que hay que sumar la falta de ejecución presupuestaria de la Agencia Andaluza del Agua -633 millones de euros desde su creación en 2005-.