El PP se personará en el ?caso Faisán?

El PP se personará la próxima semana, como acusación popular, en la causa que tramita la Audiencia Nacional en el denominado caso Faisán, en el que se investigó el posible “chivatazo” en mayo de 2006 a un etarra del aparato de extorsión de la banda, lo que impidió su detención.

En un comunicado, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, justificó la acción porque “no se puede consentir el archivo por parte del fiscal”.

Recordó que en un Estado de Derecho rige el imperio de la ley, “que es igual para todos”, por lo que si no lo hace el fiscal, “como sería su deber, impulsamos nosotros esta acción para que se llegue hasta el final en la causa”.

A su juicio, el PP está legitimado porque la lucha contra el terrorismo “es un interés general de todos los ciudadanos”, y su defensa, “uno de los principios del PP”, según consta en sus Estatutos y los acuerdos alcanzados en sus Congresos.

Trillo resaltó que el PP se persona también en defensa de la dignidad de todas las víctimas del terrorismo, “muchas de ellas, además, militantes del partido”.

Para el PP, si no continua la investigación para llegar hasta el final, “quedaría en entredicho la profesionalidad e, incluso, la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las políticas antiterroristas adoptadas por el Gobierno”.

El PP considera que los hechos objeto de la investigación judicial son de “extrema gravedad”.

Por su parte, los presuntos miembros de ETA Aitor Elizarán Aguilar y Ohiana Sanvicente Sáez de Zerain fueron enviados a prisión la noche del viernes por orden de un juez tras ser interrogados en el Tribunal de París, dijeron ayer a Efe fuentes judiciales.

Ambos comparecieron en la tarde del viernes ante la juez Laurence Le Vert, quienes les interrogó y posteriormente fue ordenado su ingreso en prisión, que se produjo durante la madrugada.

La juez confirmó los cargos contra los dos presuntos miembros de la banda, entre ellos el de “asociación de malhechores con vistas a la preparación de actos terroristas”, un cargo por el que la pena en Francia puede alcanzar los diez años de cárcel.

Además, les imputó los cargos de “posesión de documentación administrativa falsa”, “posesión y uso de armas y municiones de las categorías I ó IV” y “receptación de robo de armas procedentes del robo cometido en Vauvert “.