Con la liberación de seis rehenes, entre ellos los dos últimos políticos secuestrados, la guerrilla colombiana de las FARC ha hecho un gesto unilateral dirigido a recuperar el espacio político que ha perdido por las ofensivas militares e intentar negociar un intercambio de prisioneros. 

La puesta en libertad de tres policías, un soldado y dos políticos: el ex gobernador del Meta Alan Jara y el ex diputado del Valle del Cauca Sigifredo López, fue la culminación de la apuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de América, por ganar credibilidad, según los analistas. 

El siguiente paso es desvelar el contenido de la carta que el número uno de las FARC, Guillermo León Sanz, alias Alfonso Cano, entregó a la senadora Piedad Córdoba, mediadora en las liberaciones, y que todo apunta a que su petición es el canje de guerrilleros presos por rehenes. 

Los guerrilleros tienen aún en su poder a 22 policías y militares, a quienes intentarán canjear por sus hombres presos, y ya sin políticos secuestrados pueden acogerse al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

La decisión de Alfonso Cano de entregar a los dos últimos políticos y quedarse con efectivos de las fuerzas del orden le permitirá demostrar que sólo tienen retenidas a combatientes del bando contrario. 

Y es que el grupo rebelde no ha liberado en los últimos días a ningún oficial o suboficial, lo que sugiere que su botín para el canje de prisioneros de guerra son los mandos del Ejército y la Policía. 

Las FARC saben que los golpes que han recibido en el último año con la muerte de sus máximos comandantes, entre ellos los números uno y dos (Tirofijo y Raúl Reyes), y el rescate militar de 15 de sus rehenes clave, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, inclinaron la balanza de la guerra a favor del Gobierno. 

Los testimonios de Jara y López tras su liberación dan cuenta de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia están golpeadas pero no rendidas.