La formación de Sumar ha mostrado de nuevo su rechazo al proyecto para construir un restaurante y un centro de interpretación en la edificación del faro de Trafalgar, en Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate, entendiendo que con ello se promueve un turismo "para unos pocos privilegiados" además de "atentar contra el patrimonio natural" de este municipio gaditano.
La diputada de Sumar por Cádiz y vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño, junto al coordinador de IU en la provincia, Jorge Rodríguez, ya mantuvo en febrero un encuentro con ecologistas para conocer de primera mano las peticiones y argumentos en contra de este proyecto, como han explicado fuentes de esta formación a Europa Press.
En ese sentido, Gil de Reboleño ha advertido que "Barbate no necesita de estos proyectos que atentan contra su patrimonio natural y promueven el turismo para unos pocos privilegiados" y que por ello se ha solicitado una reunión con la Demarcación de Costas de Cádiz para abordar este asunto y transmitirle "su preocupación por este y otros asuntos que afectan a la costa gaditana".
Todo ello se produce después de que el Gobierno de España haya dado respuesta escrita a la pregunta registrada en el Congreso por la diputada de Sumar en Cádiz el pasado mes de febrero en la que se pedía información sobre si se tenía conocimiento de este proyecto y las medidas adoptadas para evitar un "impacto negativo" en este espacio natural protegido.
Sobre esto, el Gobierno ha explicado que este proyecto "es compatible con los usos propios de señalización marítima de los faros", conforme establece el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
También se señala que el proyecto, que se inicia por una concesión de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, "desarrolla su diseño orientado a la minimización de los posibles impactos ambientales, tanto en la fase de construcción como de explotación e incluye documento ambiental con análisis y propuesta de medidas para garantizar la protección ambiental, del medio atmosférico, la fauna, la flora y el paisaje".
Además, el Gobierno apunta a que se está elaborando el preceptivo informe por parte de la Demarcación de Costas para la APBC en el que se establecerán las medidas necesarias para evitar daños al dominio público marítimo-terrestre.
