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Upace San Fernando denuncia un caso de discriminación en el CEPER «María Zambrano»

En un comunicado remitido a Radio La Isla, el Comité de Ética de Upace San Fernando ha trasladado su denuncia ante «lo que a nuestro juicio es un claro atentado contra la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, cometido en el Centro de Educación Permanente y contra l una de las usuarias, […]

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En un comunicado remitido a Radio La Isla, el Comité de Ética de Upace San Fernando ha trasladado su denuncia ante «lo que a nuestro juicio es un claro atentado contra la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, cometido en el Centro de Educación Permanente y contra l una de las usuarias, asociadas a la asociación de Parálisis Cerebral.

Según UPACE,  «la citada usuaria, privada de la visión y con notorios obstáculos en sus manos que le impiden escribir, es alumna de ese centro desde hace tres cursos en la asignatura de Historia del Arte, durante los cuales ha podido seguir las clases con ayuda de una grabadora de audio, que era su forma de tomar apuntes, para su uso privado y con un único objetivo académico. La situación es que en este curso, y cuando llevaba ya más de un mes con el mismo procedimiento que en anteriores ocasiones, una queja de alguno de sus compañeros, que invocaba la Ley de Protección de Datos, provocó que la dirección del centro le prohibiera la grabación, lo que en su caso es lo mismo que prohibirle asistir a clase con las mismas posibilidades que todos.

Desde UPACE detallan que «puestos en contacto con la dirección del CEPER María  Zambrano, su respuesta es que no pueden hacer nada y que no tienen una alternativa, lo que impide de hecho a esta alumna el ejercicio de un derecho tan básico como la educación y, en consecuencia supone un caso claro de discriminación por omisión».

Las personas usuarias de UPACE San Fernando, y en general las personas con discapacidad, no tienen muchas oportunidades de desarrollar sus inquietudes sociales o culturales si no es con el decidido apoyo al que están obligadas las instituciones y administraciones públicas, apoyo que en este caso no se está produciendo.

Desde UPACE, «creemos que hay más de una manera de superar este conflicto entre el derecho a la privacidad y el derecho a la educación, tal y como se ha venido haciendo en anteriores cursos; sobre todo cuando el resultado puede ser un daño irreparable para una persona que hace esfuerzos mayores de los normales para formarse».

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