Desde la Junta de Personal Docente de Cádiz manifiestan su solidaridad con la familia y comunidad educativa, así como la preocupación por el fallecimiento de una profesora malagueña de 43 años, madre de dos hijos, tras ser vacunada con AstraZeneca.
Desde la representación sindical aseguran que «a pesar de que el consejero Imbroda hizo unas declaraciones que causaron gran indignación entre la comunidad educativa al decir que no le constaban los efectos secundarios de esta vacuna, el sindicato ha tenido constancia de un elevado porcentaje de casos que han afectado al desarrollo de la actividad educativa de los centros y provocado a docentes malestar durante 24/36 horas ( fiebre elevada, dolor muscular, hinchazón en brazos…)».
De entrada hubo rechazo a esta vacuna por ser la que menos cobertura parecía tener, y ser la elegida para vacunar al personal de Educación, que se ha sentido abandonado por parte de la administración en la gestión de esta crisis. Y, aún sin estar del todo convencido, la mayoría del profesorado optó por la vacuna ante la situación de riesgo que vivimos a diario en las aulas y la posibilidad de contribuir a generar inmunidad y colaborar en el control de la pandemia, explica a Radio La Isla María Jesús de León Morgado, presidenta de la Junta de Personal Docente
De igual modo, los representantes de la Junta de Personal Docente aseguran que «no obstante, los últimos acontecimientos nos obligan como representantes del profesorado de esta provincia a exigir la investigación por parte de las autoridades sanitarias, y la implicación de nuestros referentes en salud laboral, que son la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de Delegación y la Inspección de Trabajo, del alcance real de los efectos de la vacunación con AstraZeneca entre el personal educativo, ya que la muerte de nuestra compañera en Málaga convierte todo este asunto en un tema de salud laboral de verdadero riesgo, máxime cuando, recordemos, aún queda por administrar la primera dosis a muchas y muchos compañeros, la segunda a todos, y el personal mayor de 55 años aún no ha sido vacunado y corre el rumor de que finalmente se utilizaría esta misma vacuna».
De igual modo «consideramos que, sin crear alarma social, y fuera de luchas entre las grandes corporaciones farmacéuticas, es necesario que las autoridades sanitarias y quienes están encargados de velar por la salud del personal docente y educativo den garantías de que nuestras vidas no están siendo expuestas a riesgo por el uso de esta vacuna», aseguran en un comunicado.
