El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz publica hoy la convocatoria de subvenciones al alquiler del Ayuntamiento de San Fernando, que cuenta con una partida de 100.000 euros, y que supone la primera vez que se destina presupuesto municipal a conceder estas ayudas para apoyar a las personas y viviendas en situación muy vulnerable de la localidad.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 10 días hábiles una vez que se produzca la publicación de la convocatoria en el tablón municipal y en la página web del Ayuntamiento de San Fernando, www.sanfernando.es, lo que ocurrirá en unos días.

Este programa de ayudas, que gestiona la empresa pública Empresa de Vivienda y Suelo (Esisa), va a beneficiar a los usuarios y familias en situación vulnerable que residan tanto en viviendas de propiedad municipal como en vivienda privada, y podrán cubrir sus necesidades durante un total de un año.

De esta forma, esta cobertura social permitirá atender las necesidades de aquellas familias y usuarios que estén en una difícil situación económica y acrediten no disponer de ingresos suficientes, con el doble objetivo de aliviarles en el pago la renta para que puedan mantener sus viviendas y de que no acumulen deuda.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha puesto de relieve “la importancia de poder contar con estas ayudas por primera vez en la historia de la ciudad, una cobertura social que es especialmente necesaria en la situación económica actual condicionada por la aparición de la crisis derivada del Covid-19, que ha puesto al límite a muchas economías familiares”.

No en vano, como ha resaltado, “esta línea de ayudas directas cubrirá las necesidades de las familias y usuarios que estén en una situación de vulnerabilidad que derive en una situación de desprotección y en dificultades para hacer frente al pago de la vivienda en la que tienen su domicilio habitual”.

“El Ayuntamiento tiene el compromiso de dar soporte y cobertura a las familias isleñas que están en una situación de crisis, con consecuencias de todo tipo que no les permiten el pago del alquiler de sus viviendas”. “Por ese motivo, una vez que hemos logrado sanear la situación económica de la empresa pública Esisa, hemos podido poner en marcha acciones que sirvan para paliar los efectos de esta situación de vulnerabilidad en las familias, dándoles soluciones integrales que pasan por el mantenimiento de sus viviendas, para que puedan mantener la normalidad en sus vidas”, ha añadido la primera edil.

La regidora ha añadido que “desde Esisa se han tramitado otros programas de ayudas, como el de la Junta de Andalucía, pero la disponibilidad presupuestaria no ha permitido cubrir las necesidades de todos los solicitantes. Era por tanto el momento de acudir en defensa de la situación de estas familias azotadas por la crisis y con claras dificultades para el mantenimiento de sus viviendas”.

El porcentaje de ayuda económica que se podrá conceder será del 40%, 50%, y 60%, que irá en relación al tramo de ingresos económicos en que se sitúe. Dicha ayuda económica se podrá conceder por un plazo máximo de seis meses, y se podrán solicitar dos ayudas anuales, siempre que la persona solicitante no adeude más de tres recibos de alquiler.

Del mismo modo, van a ser objeto de atención preferente de cara a obtener estas ayudas aquellos colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda digna y que tienen necesidades específicas ya que por sus circunstancias personales precisan de apoyo específico o singularizado. Es el caso de víctimas de violencia de género, familias monoparentales, familias en situación de riesgo o exclusión social, personas mayores de 65 años, y personas privadas del derecho de uso y disfrute sobre su vivienda habitual y permanente en ejecución de un fallo judicial.

Hay que recalcar que los solicitantes deben disponer de la vivienda como domicilio habitual, no encontrarse en el supuesto de ocupación de la vivienda o presentar infracción grave en protocolo de convivencia, incumpliendo las normas de policía e higiene. Además, todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en la vivienda, residir en ella, y tener una antigüedad mínima de un año empadronados en el municipio de San Fernando.