El pasado mes de mayo, David Sarria Rodríguez fue elegido nuevo decano de los 450 procuradores de tribunales que ejercen en la provincia de Málaga, y encara esta representación en un momento en el que la Administración de Justicia está "casi paralizada" por los conflictos laborales que se han registrado en todos los cuerpos de funcionarios. Asegura que esta circunstancia ha hecho que muchos de sus compañeros "hayan tenido que cerrar sus despachos", por la falta de ingresos y al no poder finalizar los procedimientos que luego facturan a sus clientes.
Hijo de abogado, David Sarria (Osuna, Sevilla, 1975) se licenció en Derecho por la Universidad de Málaga en el año 2000, y es uno de los nueve miembros del Consejo Directivo de la Mutualidad de los Procuradores Españoles.
.-¿Cómo definiría la función de un procurador?
.-Es un profesional, licenciado en derecho, que representa a aquellos ciudadanos que recurren a la Justicia. La figura viene establecida ya en el derecho romano, y a través de ella los juzgados se entienden para hacer llegar al justiciable aquellas resoluciones judiciales. Nos elige el cliente para que le representemos ante los tribunales.
.-¿Con el desarrollo tecnológico, esa figura es necesaria a día de hoy?
.-Todavía sí. Desde que me colegié, hace 23 años, llevo escuchando que la profesión se va a extinguir. Se recomendaba entonces ejercer mejor de abogado que de procurador. Es cierto que ha habido unos años que hemos estado en la 'UCI de la supervivencia', pero gracias a la tecnología que, supuestamente traía el fin de la profesión de procurador, se ha puesto de manifiesto que somos necesarios como garantía de las comunicaciones. La Administración de Justicia debe ser más garantista que Hacienda, que la Seguridad Social o que la DGT. Hay en juego unos datos particulares muy sensibles y somos los profesionales que recibimos esos papeles judiciales, cuya responsabilidad en el tratamiento y comunicación recae en el procurador.
.-Pero se anticipa que el desarrollo de la Inteligencia Artificial va a permitir no solo registrar y agilizar documentos, sino incluso a elaborar hasta las sentencias.
.-Es cierto que podría peligrar, pero no en estos momentos. La Justicia tiene un retraso muy grande y la tecnología que ahora se aplica es bastante lenta. Los tribunales no recaudan tanto como otros ministerios, y eso se nota a la hora de la inversión de los medios que se necesitan a diario. La Administración de Justicia es la gran olvidada de los grupos políticos. Muchos piensan que es a conciencia, puesto que debe de ejercer un gran control sobre el resto de los poderes del Estado. Los signos de gestión que vemos a diario es que no hay un interés para que funcione ágilmente. Como ejemplo de la inversión está la institución de la justicia gratuita.
.-A los males por la pandemia en los juzgados se han sumado este año los conflictos laborales de funcionarios, letrados judiciales, jueces y fiscales. ¿Cómo están los tribunales de Málaga?
.-Después de los meses del Covid19 el retraso acumulado ha sido bestial y, pese a que el Gobierno habilitó agosto de 2020 para descongestionar los tribunales, no ha sido suficiente. Cuando empezábamos a levantar cabeza, a inicios de 2023 nos azotan con un conflicto laboral salvaje, como es la huelga de los letrados de Justicia (LAJ). Luego vino la amenaza de paros de jueces y fiscales, y a posteriori la huelga de los funcionarios, que es la que más efectos está teniendo. Vaya por delante el derecho de todos estos colectivos de empleados públicos para reclamar mejoras salariales y profesionales. Pero creemos que cuando se han convocado elecciones generales, a finales de mayo, los conflictos deberían de haberse suspendido puesto que no hay interlocutor para negociar ya que el Gobierno está en funciones. Y está claro que esta situación se puede prolongar hasta diciembre. Todos debemos saber que un país sin justicia es un país en ruina, si no damos una respuesta a los particulares o las empresas en sus litigios. Hay muchos intereses en juego como para permitir que la Justicia española se paralice.
.-¿En qué áreas está afectando más esta parálisis judicial en Málaga?
.-Es en casi todas las jurisdicciones. Hay más de 2.000 asuntos pendientes de repartir en el decanato para toda la provincia, y esperando a que se asignen a un juzgado. Estamos hablando de indemnizaciones por accidentes de tráfico y despidos, de desahucios, de reclamaciones por alquileres, de obras mal ejecutadas, de pensiones de menores y matrimoniales....
.-¿Y cuáles urgen?
.-Las que vemos ahora son las que corresponden a los asuntos de violencia doméstica o de familia. Hay en estos momentos, 800 procedimientos de este tipo que están pendientes de resolver con la adopción de medidas provisionales. Algunos de estos casos lo son porque se dictaron en su día por los tribunales respuestas temporales, y deben ser reguladas de nuevo. Me refiero a aquellas medidas provisionalísimas como son las órdenes de alejamiento, regímenes de visitas de los cónyuges a los hijos, o de pensiones alimenticias. Y van a decaer puesto que no da tiempo para fijar fechas cercanas de juicio y de vistas para renovarlas, o para adoptar unas nuevas. Cientos de familias malagueñas se van a quedar sin adopción de estas medidas durante un tiempo, y habrá un vacío legal muy grave, consecuencia de los efectos de los paros. La ley no preveía que llegaríamos a estar casi un año paralizados por un funcionamiento anormal.
.-Pero jueces, fiscales y antiguos secretarios no están ahora de huelga...
.-Sí es cierto, pero en la Administración de Justicia cada uno tiene una función, y hemos llegado hasta el extremo que nadie puede suplantar las de otro funcionario. El 'sistema del negociado' que tenemos supone que un asunto se asigna a una sección, y si el funcionario al que corresponda está de huelga o de vacaciones en ese momento, ningún otro compañero de la misma oficina se atreve a tocarlo. Esta huelga de funcionarios está afectando más que la de los LAJ, puesto que éstos son los que confeccionan las resoluciones para que luego las firmen los secretarios y jueces. Si este personal se paraliza, ello afecta a tareas tan básicas como mandar las cartas certificadas, y la tramitación diaria se resiente muchísimo. Ahora, la Audiencia Provincial está fijando para el año 2027 las resoluciones de apelaciones por asuntos que entraron en la pandemia. A ellos habrá que sumar los del periodo de huelgas.
.-Describe una situación crítica de funcionamiento en un servicio público...
.-Así es. Como operadores jurídicos nos vemos inmersos en un conflicto interno latente que afecta a funcionarios que por un lado dependen del Ministerio de Justicia y por otro, los más, a la Junta de Andalucía. En estos momentos hay que reconocer que hay mal ambiente laboral en los juzgados. Hay personal que intenta trabajar y otros que no dejan. Unos funcionarios que están en legítima huelga, otros que dicen secundarla, pero que están sentados en sus puestos de trabajo sin hacer nada. Jueces y antiguos secretarios que intentan celebrar juicios, pero que no los pueden hacer porque no está el funcionario de auxilio judicial al estar en huelga, y que es el que activa el botón para la grabación de la vista, o el que llama a los testigos que esperan a la puerta. Pienso que la función de la fe pública judicial de los LAJ debe ser revisada para los juicios. El personal que secunda la huelga con descuentos salariales ve cómo cada día crece la montaña de expedientes encima de su mesa de casos con nombres y apellidos. Y mientras, nosotros, tenemos a los clientes hartos a los que se les suspenden los juicios, o no les lleguen las sentencias que ya están hechas en algunos casos. Es una situación muy, muy difícil...
.-¿Y a ustedes como profesionales, cómo les afecta particularmente esta situación?
.-Mucho porque no podemos facturar al no estar el asunto cerrado. De hecho se ha estimado que 400 procuradores de toda España han tenido que cerrar su despacho desde enero hasta aquí. En Málaga calculamos que alrededor de 50. El pasado año se incorporaron al Colegio de Procuradores siete personas, cuando lo habitual eran entre 35 y 40 al año. Para nuestra agrupación colegial esta situación nos afecta bastante puesto que funcionamos con las cuotas de los miembros. El Colegio de Abogados nos está apoyando en estos momentos difíciles.
.-Tras décadas, abogados y procuradores se han dado cuenta ahora que lo pagaban para la Mutualidad no les va a dejar para unas 'pensiones dignas'.
.-Soy consejero de la Mutualidad Nacional de Procuradores y es verdad que algunos compañeros han sacado a la luz un tema por las cotizaciones que se vienen realizando desde hace 25 o 30 años. La Mutualidad de la Abogacía es la cuarta más grande de España, con un capital asegurado de 10.000 millones de euros, mientras que la nuestra tiene 500 millones con 11.000 procuradores mutualistas. Se pagan 280 euros al mes, mientras que para la cuota de autónomos la mínima es de 260, con rendimientos inferiores a los 900 euros mensuales. La Seguridad Social sale más cara que la Mutualidad, y el problema está en que en el reparto de los fondos de la caja de los mutualistas la pensión que resulta sería igual para todos, sin tener en cuenta el año de alta. Pero eso fue un acuerdo que se adoptó por unanimidad en su momento, y que ahora algunos cuestionan al considerar que la pensión que les queda sería en torno a 300 euros mensuales. Desde la Mutualidad de los Procuradores lo que hemos hecho es acompañar a los afectados que quieran reclamar, que en toda España calculo que serían menos del millar en todo el país, de los cuales en Málaga habría unos 200.
