La Fiscalía ha abierto una investigación a la Empresa Municipal de Suelo (Esisa) en San Fernando por las gestiones realizadas con la tramitación de las ayudas de la ITI concedidas por la Junta para rehabilitar los bloques de viviendas de la barriada Bazán. Una subvención cuyo importe asciende en total a 3,7 millones de euros. La denuncia fue realizada hace varios meses por la delegada de Urbanismo y presidenta de Esisa, Claudia Márquez.
Al respecto, y según ha podido conocer este medio, a la empresa municipal Esisa se le realizó una encomienda para que asesorara a las comunidades de propietarios de la barriada Bazán en la obtención de los fondos europeos ITI para rehabilitar sus viviendas. La encomienda pretendía ayudar en todos los trámites pertinentes para poder obtener los fondos para la rehabilitación de sus viviendas, cumpliendo en tiempo y forma los plazos estipulados, y en el marco de un proceso complejo y poco habitual para esas comunidades.
En el desarrollo del asesoramiento y cumplimentación del trámite administrativo, consecuencia del interés de los trabajadores de Esisa por asesorar y ayudar a las comunidades a realizar todos los trámites, la presidenta de Esisa, Claudia Márquez, advirtió que se podrían haber traspasado los límites administrativos encomendados que correspondían a la empresa en la toma de decisiones y elaboración de la documentación.
Por la necesaria transparencia a la que se debe el ejercicio de lo público, aún considerando que se actuaba desde la buena fe en beneficio de las comunidades y sus vecinos, la presidenta puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos. El traslado de esta información se realiza como elemento de prevención, desde la voluntad de aclarar los términos desde los cuales se realizaron esos procedimientos a fin de no perjudicar en el futuro a la empresa, sus trabajadores y vecinos.
Una vez puesta en conocimiento de la Fiscalía la información sobre las dudas administrativas, se convocó a los trabajadores y trabajadoras, así como al consejo de administración de Esisa, para explicar los pasos realizados, a la vez que se encargaron informes internos a fin de aclarar la situación y aportar la documentación aclaratoria al expediente.
Esisa ya ha concluido sus labores de asesoramiento en esta subvención y, es ahora en esta fase el Ayuntamiento el encargado de continuar con los trámites. Una vez que las comunidades justifiquen que han cumplido con todos los pasos, el Consistorio hará el ingreso correspondiente de los fondos.
Reacción del PP
El Partido Popular (PP) de San Fernando ha solicitado la inmediata convocatoria tanto del consejo de administración de la Empresa de Suelo Isleña (ESISA) como de la Junta General de la citada empresa pública. Así lo ha afirmado el portavoz del Partido Popular (PP), José Loaiza, tras haber hecho público el Gobierno municipal la presentación el pasado mes de enero de una denuncia en la que la delegada de Urbanismo y presidenta de Esisa, Claudia Márquez, pone en conocimiento de la Fiscalía distintas irregularidades supuestamente llevadas a cabo por personal de Esisa en el marco de la encomienda que tiene dicha empresa de ayudar a los vecinos de Bazán en la tramitación de las subvenciones para el arreglo de los bloques de viviendas de esta barriada.
Al hilo de ello, José Loaiza afirmó que, según ya ha podido conocer, la Fiscalía no se encuentra investigando este caso, sino que ya hay diligencias previas en un juzgado, “con lo cual estamos hablando de un procedimiento abierto en el que se ha llamado a declarar como investigados a tres trabajadores y, parece ser, que en esas diligencias también se encuentra como parte implicada la propia empresa pública”.
El edil popular subrayó que el Gobierno de Patricia Cavada miente al afirmar que ya puso en conocimiento del consejo de administración de Esisa las supuestas irregularidades. “No es así. Claudia Márquez puso la denuncia en enero y hasta ahora, transcurridos once meses,los trabajadores de Esisa no han sabido de esa denuncia. Pero es que el consejo de administración de la empresa pública tampoco ha sido informado por la señora Márquez, se ha enterado por los propios trabajadores. Eso significa mala praxis mercantil, la presidenta de un consejo de administración toma decisiones para investigar a la empresa sin ponerlo en conocimiento del órgano máximo de dirección que, en este caso, sería el consejo de administración, con independencia de la Junta General, que es el Pleno municipal”.
A juicio de Loaiza, estos movimientos del gobierno de Patricia Cavada dejan en evidencia “cosas extrañas”y suscitan muchas dudas que, a día de hoy, siguen sin respuesta. “¿Por qué se pone una denuncia sin el conocimiento del consejo de administración? Pero, voy a más. Hay un miembro de ese consejo, designado por el PP, que ha pedido en dos ocasiones por Registro que se le informe y convoque el consejo de administración, además de solicitar que se busque asesoría jurídica para exponer claramente a los consejeros qué es lo que está pasando. A día de hoy -revela el edil- el consejo de administración de Esisa no tiene conocimiento de qué es lo que ha sucedido para que Claudia Márquez interpusiera en enero, hace ya once meses, una denuncia en Fiscalía”.
Por tanto, "¿cómo está actuando la presidenta?¿Por qué está actuando de esa manera, con ese oscurantismo?¿Por qué ha ocultado desde enero hasta noviembre esa denuncia? Son las primeras preguntas que debe aclarar Claudia Márquez y, ojo, Patricia Cavada, que también lo sabía”, subrayó.
Habla la delegada de Urbanismo, la denunciante, de posibles irregularidades, “no obstante la señora Márquez sabía como estaba actuando la empresa, porque a mí me dicen que sí, tenía conocimiento de cómo Esisa estaba llevando el procedimiento. Tiene que aclararlo. Yo no digo que lo supiera, pero me dicen que era consciente de ello y ,sin embargo, mientras, había presentado una denuncia, y no tomó medidas. Desde enero hasta ahora no ha tomado ninguna medida. Y me pregunto, ¿por qué ha actuado así? Aquí hay cosas muy extrañas”, afirma Loaiza
En tercer lugar, el líder local del PP pidió, en este caso a la alcaldesa socialista, la convocatoria urgente de la Junta General de Esisa, que es el Pleno municipal, para que se explique la situación generada tras la denuncia de Claudia Márquez.
“Esto hay que aclararlo”, dijo. “Lo que no vale decir es que unos vecinos han dicho. En la barriada Bazán hay muchos bloques que han realizado un procedimiento, hay administradores de fincas implicados, está el presidente de la asociación de vecinos Bazán que es quien ha firmado muchos de estos papeles y que, imagino, algo tendrá que decir al respecto”
Loaiza también preguntó si Claudia Márquez tiene algún interés personal en el bloque de viviendas que ha denunciado las supuestas irregularidades en el procedimiento “Viven en ese bloque familiares de la presidenta de Esisa y delegada municipal de Urbanismo? ¿Hay en ese bloque un domicilio social de una empresa del marido de Claudia Márquez? Son preguntas que es necesario realizarse puesto que puede haber intereses contrapuestos de actuaciones de la señora Márquez, que es delegada de Urbanismo y presidenta de Esisa. ¿Es una coincidencia? Creo que es muy importante para clarificar todas estas cuestiones que se convoque urgentemente el consejo de administración de Esisa y la Junta general de la empresa pública para que Claudia Márquez pueda informar de esta situación y despejar todas las dudas que surgen de su actuación, máxime cuando es también delegada municipal de Urbanismo del gobierno de Patricia Cavada”.
“Ojo -alertó Loaiza- que estamos hablando de 3,7 millones de euros de subvenciones; estamos hablando de que iba a venir otro millón más para la Bazán. Estamos hablando de si estas presuntas irregularidades pueden dar al traste con la anhelada rehabilitación de alguno de estos bloques. Todo esto hay que aclararlo, y no mediante una nota de prensa con la que da la sensación de que el gobierno de PSOE y Ciudadanos quiere pasar de puntillas ante este grave suceso. Esto es, a priori, muy grave, y los isleños, los vecinos de la Bazán, merecen todo el respeto y la transparencia al respecto. Estamos hablando de dinero público, estamos imputando delitos a personas a una empresa municipal, y lo está haciendo, precisamente, la presidenta del consejo de administración de esa empresa”, sentenció.
