Tras la publicación en el BOE de la Ley de Economía Sostenible, ayer entró en vigor una de sus disposiciones más polémicas, la final cuadragésima tercera, más conocida como Ley Sinde, pero, tal y como adelantó la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, el pasado mes de febrero, ésta no estará operativa hasta el verano.
Y es que ahora el Ministerio de Cultura tiene que iniciar el desarrollo normativo de esta ley antidescargas, que incluye el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias que se presenten contra las páginas web que permitan las descargas de música, películas o libros de forma ilegal.
La Ley Sinde fue aprobada el pasado 15 de febrero en el Pleno del Congreso de los Diputados con 323 votos a favor del PSOE, PP y CIU, 19 en contra del PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención.
La ley era así respaldada por el 92 por ciento de la Cámara Baja, pero hasta llegar a su aprobación había recorrido un camino un tanto tortuoso, ya que la cámara parlamentaria que la aprobaba la había rechazado anteriormente -21 de diciembre- en la Comisión de Economía.
El tema espinoso y que echaba para atrás a los diputados, cuando en noviembre de 2009 el Gobierno presentaba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, no era otro que la disposición final segunda, ahora aprobada como cuadragésimo tercera.
Esa disposición preveía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que decidiría sobre el cierre de páginas web sin orden judicial.
El hecho de que no fuera un juez el encargado de cerrar estas webs levantó todo tipo de críticas contra la ley, pero una enmienda pactada entre el Gobierno, PP y CiU que reforzaba, respecto al texto original, las garantías
judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos sujetos a derechos de
autor, consiguió su aprobación en el Senado.
La ministra de Cultura, nada más aprobarse la Ley, se mostraba convencida de que esta propiciará un “gran desembarco” legal de empresas en Internet, ya que el éxito o no de la industria cultural española se medirá en función “de la oferta legal que vaya habiendo” en la red.
