La decisión de cerrar o bloquear una página web que vulnere los derechos de propiedad intelectual recaerá únicamente en un juez, en concreto en los magistrados pertenecientes a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Estas medidas antipiratería están contempladas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, remitido ayer por el Consejo de Ministros a diversos órganos consultivos antes de su llegada al Parlamento, esperada para febrero.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha afirmado que se trata de una propuesta mixta “muy equilibrada” que incluye trámites administrativos pero da la última palabra a los jueces, que deberán decidir en un plazo máximo de cuatro días si es necesario adoptar medidas de control contra páginas de internet que contribuyan a la piratería.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, ha indicado que será la Audiencia Nacional la competente en esta materia porque en estos casos de propiedad intelectual es “muy difícil” ubicar en qué lugar se encuentra la página o el emisor que infringen los derechos.

El anteproyecto establece que la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, sea el que reciba las denuncias de los afectados por la piratería.

González-Sinde ha sostenido que este órgano reflejará la “pluralidad de intereses” que confluyen en este ámbito, por lo que estará integrada por expertos en derecho y también en internet.

El ministro de Justicia ha indicado que en primer lugar ese órgano comprobará si existe una vulneración y se dirigirá al titular de la página web que infringe los derechos de propiedad intelectual para instarle a que los retire. Si no responde, se pondrá en conocimiento de la Justicia para que se autorice su cierre.

Según Caamaño, el magistrado deberá decidir, mediante un proceso “ágil, eficaz y con las máximas garantías” que tiene en cuenta a las partes implicadas y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre.

Para que este procedimiento sea posible, no basta con la legislación incluida en la Ley de Economía Sostenible, también será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 122 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La nueva metodología no elimina ni anula la posibilidad de que el caso siga su curso por los cauces judiciales normales, lo que incluye la posibilidad de que los responsables de páginas web que sean cerradas o bloqueadas recurran la medida judicial.

Antes de que el anteproyecto que incluye las medidas antipiratería se remita a las Cortes, el Gobierno recibirá informes no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión Nacional de la Competencia, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado.

Caamaño ha afirmado que la “pieza clave” de la “autorización judicial previa” armonizará varios derechos que podrían estar en conflicto, el de la propiedad intelectual y los de información y libertad de expresión

Por su parte, la titular de Cultura ha dicho que los internautas “no deben estar preocupados ni molestos” y ha aventurado que las medidas antipiratería afectarán “a lo sumo a un centenar de páginas”.

Desde el Congreso de los Diputados, el grupo Iniciativa per Catalunya Verds ha denunciado que las medidas no garantizan la “democratización de internet” y que el Gobierno “no se ha atrevido a meterse” con los operadores, “que son los que están haciendo un negocio extraordinario con la red y deberían ser los que garantizaran los derechos de autor”.

El director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, ha sostenido que esta normativa tendrá un efecto “demoledor” sobre la piratería en internet “sin perseguir a los usuarios”.

Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, esas medidas son “un atajo para sortear un asunto al que la Justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión”.