Una operación desarrollada por la Guardia Civil se ha saldado hasta el momento con la detención de 14 empresarios y empleadores, tanto de nacionalidad española como marroquí, a los que se investiga por supuestamente tener trabajando en sus explotaciones agrícolas inmigrantes irregulares sin contrato y sin dar alta en la Seguridad Social.
En el marco de esta operación denominada Llano 2020, además de la detención de estos 14 empresarios agrícolas que operan en el Llano de Zafarraya, en los municipios de Zafarraya y Alhama de Granada, la Guardia Civil ha denunciado 38 supuestas infracciones administrativas.
Los detenidos son investigados por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, ya que habrían contratado a migrantes indocumentados para conseguir "un aprovechamiento lucrativo a consta de los derechos laborales de estas personas".
En cuanto a las 38 infracciones administrativas, afectan a 29 personas por estancia irregular en España; a otras cinco por favorecer la inmigración clandestina con ánimo de lucro y a cuatro más por supuesta vulneración de ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, además de "ceder o arrendar inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad y habitabilidad establecidas".
Ante el inicio de la campaña hortícola 2020 en el Llano, la Guardia Civil ha desplegado un operativo en el que han participado el Grupo de Información de la Comandancia de Granada y los agentes del puesto de Zafarraya.
A lo largo de todo el mes de junio se han incrementado las inspecciones en las explotaciones agrícolas de Zafarraya, Alhama de Granada y de su ELA de Ventas de Zafarraya para garantizar la seguridad ciudadana y con el fin de evitar que el número de delitos aumenten en consonancia con el aumento de población que se produce en esta comarca granadina, sobre todo migrantes, a la que llegan a buscar trabajo.
Muchas de las personas que acuden al Llano de Zafarraya son inmigrantes irregulares y, según ha agregado la Guardia Civil, "siempre hay desaprensivos que se aprovechan de su situación de necesidad para lucrarse haciéndoles trabajar más horas, pagándoles menos, sin contrato legal y alojándolos en viviendas indignas".
El Instituto Armado, durante las inspecciones, ha tenido una dificultad añadida: los inmigrantes en situación irregular desconfían de los agentes por miedo a ser devueltos a sus países de origen, desconfianza que es alimentada además por las personas que los contratan.
Ha comprobado que muchos de estos inmigrantes, por su estado de necesidad, trabajaban hasta diez horas seguidas, cobraban entre cinco y seis euros la hora, sin respetar lo establecido en el convenio del campo, como por ejemplo el derecho a descanso semanal.
Muchos de ellos estaban alojados en casetas de aperos, sin aislamiento, soportando temperaturas muy elevadas; sin luz; sin agua potable y sin aseos: los trabajadores en estos casos tenían que utilizar el agua de riego de la finca para sus necesidades.
La Guardia Civil también ha comprobado la existencia de propietarios que alquilaban inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad y habitabilidad que establece la ley 1/2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Estos propietarios se exponen a sanciones que pueden llegar a los 9.000 euros.
