La psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada) que ha atendido a Juana Rivas, que permanece ilocalizable tras no entregar sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, ha desaconsejado "vehementemente" la restitución de los menores, de once y tres años, al progenitor por el "grave daño" que ello podría suponerles.
En una carta abierta remitida a los medios de comunicación, junto con distintos informes oficiales, la psicóloga María Teresa Sanz ha señalado que Juana Rivas "tiene un perfil de personalidad completamente normal" y "sana" y que la relación que mantiene con sus hijos es "excelente".
Esta funcionaria del Ayuntamiento de Maracena, formada en violencia de género por el Colegio de Psicólogos y el Instituto Andaluz de la Mujer, con experiencia desde hace 20 años en la materia, conoció a Rivas en el verano de 2016, atendiéndola desde entonces por las "secuelas del maltrato" que habría padecido supuestamente a manos de su expareja, Francesco Arcuri, en Italia.
"Ella tenía un miedo terrible a que él cumpliera las amenazas que le había hecho de que, si lo abandonaba, la iba a perseguir judicialmente y le iba a amargar la vida con abogados", ha agregado María Teresa Sanz, para quien Francesco Arcuri, "tristemente, ha cumplido su amenaza".
Durante el tiempo de terapia, la madre de Maracena "estaba respondiendo favorablemente al tratamiento", hasta que llegó el requerimiento judicial que la obligó a devolver sus hijos, de once y tres años, al padre, residente en Italia.
Ello habría supuesto "regresar al terreno del maltratador, donde estaría de nuevo aislada y él podría seguir controlándola y dominándola", ha agregado la experta, que ha subrayado que "el padre de sus hijos cumple con el perfil del maltratador al instrumentalizar a los niños para conseguir su objetivo".
Ha explicado que también ha atendido al hijo mayor, derivándolo al Programa de Atención Psicológica a Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la Junta de Andalucía.
Durante el periodo de separación del padre, desde mayo de 2016, y de tratamiento, el niño ha mejorado las secuelas producidas por la "agresividad" que el niño habría presenciado del padre hacia la madre.
Los informes sobre el caso realizados desde el verano de 2016, "no han servido para proteger del maltratador a Juana y a sus hijos, por errores judiciales y por el desconocimiento del estatuto de la víctima", ha lamentado Sanz, quien ha criticado que "esta situación de indefensión en la que la deja la justicia vulnera los derechos fundamentales".
