La Fiscalía de Granada ha pedido penas de entre ocho y tres años de prisión a cinco acusados de estafar a la empresa de dos conocidos hoteles granadinos con una sociedad de prestación de servicios de restauración que era insolvente y que dejó cuotas de la Seguridad Social sin pagar por más de 220.000 euros a las que debió hacer frente la cadena hotelera.
El acusado principal, para el que el fiscal solicita ocho años de prisión por la presunta comisión de delitos de estafa e insolvencia punible, intervino en la firma de dos contratos en nombre de una sociedad limitada que había de prestar esos servicios a los hoteles que dicha cadena tenía en diciembre de 2002 en el centro de la ciudad y en la carretera de Jaén, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
Intervino también otro representante de la empresa que debía prestar los servicios de restauración quien dejó de formar parte de dicha sociedad el 22 de junio de 2005 al vender sus acciones a otras dos procesadas en este caso, que son esposas del principal acusado y de otro procesado para el que se piden tres años de cárcel, como a ellas, por supuesta insolvencia punible.
Durante los cinco años siguientes a la celebración de los contratos, la sociedad --participando como administrador desde 2005 un quinto acusado para el que el fiscal pide la pena de cinco años de prisión por supuesto delito de estafa-- no comunicó a la cadena hotelera "la existencia de problema económico alguno", habida cuenta de que la prórroga de ambos contratos debía hacerse en diciembre de 2007.
Sin embargo, la situación de la empresa era "tan lamentable que en el año 2006 decidieron ambos administradores instar la declaración del concurso" puesto que arrojaba pérdidas ascendentes a 221.265 euros que, incrementadas con las del ejercicio anterior por importe de 166.238, sumaban 387.504 euros, es decir, más de la mitad del capital y reservas.
Por tanto, "estaba ya incursa en causa de disolución y en clara situación de insolvencia", añade el fiscal que incide en que, de haber conocido la cadena hotelera la existencia de deudas con la Seguridad Social, "jamás se habría celebrado contrato alguno de prórroga". Los administradores también dejaron de depositar los libros de contabilidad de la empresa desde 2005 al objeto de "evitar" alguna "sospecha de mala situación económica".
Los contratos de prórroga se firmaron con fecha 1 de diciembre de 2007, lo cual conllevó que, en 2010, el grupo hotelero tuviera que abonar, como "responsable subsidiario", cuotas impagadas de Seguridad Social de los trabajadores de la sociedad insolvente por valor de más de 220.000 euros. Ante estas circunstancias, los acusados realizaron una operación de compraventa y dación en pago de un restaurante perteneciente a la empresa con el acusado de insolvencia punible, "perfecto conocedor de la situación de endeudamiento de la empresa" al ser marido de una de las dos acusadas.
Según el informe de la administradora concursal, a fecha 10 de septiembre de 2012, dicha empresa "carecía de masa activa" y era "insolvente" debiendo responder de 601.860 euros además de las deudas abonadas por la cadena hotelera a la Seguridad Social, y "solo cuenta con 8.000 euros correspondientes al valor de una furgoneta".
Además de las penas de ocho años para el principal acusado, cinco años para el otro administrador de la empresa, y tres para los tres restantes, la Fiscalía pide el pago de multas de 3.000 para los dos primeros, de resultar condenados, por el supuesto delito de estafa, y de 6.000 euros para los que lo fueran por el de insolvencia punible.
Está previsto que los hechos sean enjuiciados a partir de este martes 2 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
