La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha acordado abrir nuevas diligencias previas contra el dueño de Uniter, José González Mata, por un presunto delito de alzamiento de bienes a cuenta del cambio de titularidad de una finca del imputado un mes después de que el Juzgado iniciara el proceso de embargo de sus propiedades para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones que le impuso la magistrada.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya recuerda que fue el 27 de enero de 2012 cuando imputó en la causa de los ERE al propietario de Uniter, tras lo que el 17 de junio de 2013 prestó declaración en sede judicial y, a su término, se celebró una comparecencia para fijar las medidas cautelares de orden real y personal oportunas.
Posteriormente, la juez impuso al imputado una fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones de euros, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 177 millones de euros más el tercio legalmente previsto, y fijó en 200.000 euros la responsabilidad de la entidad Cureña, vinculada a González Mata, por un presunto delito de blanqueo de capitales.
El 2 de julio de 2013, el Juzgado requirió a González Mata para que, en un plazo de diez días, designara bienes de su propiedad en los que pidiera que se trabara embargo por las cantidades mencionadas, abriéndose pieza separada de responsabilidad civil donde se tramitaría la medida acordada.
No obstante, Alaya da cuenta de que se ha recibido del Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera un mandamiento por el que deniega anotar el embargo de una finca "por figurar inscrita a favor" de la compañía mercantil Compañía de Tapones Irrellenables S.A., "persona distinta del imputado", en virtud de escritura otorgada ante un notario de Jerez el 30 de julio de 2013.
Es decir, esta escritura a favor de la citada compañía mercantil fue otorgada un mes después de que el Juzgado iniciara el proceso de embargo contra González Mata, por lo que la juez entiende que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes y acuerda incoar diligencias previas en cuyo seno se acordará "lo que proceda".
